Acabar con la corrupción de jueces, exigen
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y la Unión de Juristas de México (UJM) respondieron a las declaraciones que hizo el martes pasado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, y le solicitaron que solucione la corrupción endémica en que incurren los impartidores de justicia, transparentar la labor jurisdiccional y reducir los excesivos salarios, prestaciones y pensiones de ministros, magistrados y jueces, antes de culpar a las procuradurías y a los legisladores de la inseguridad que impera en el país.
En conferencia de prensa, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, se preguntó: “¿qué, no se habrá mordido la lengua el señor Ortiz Mayagoitia? El Poder Judicial es el más cerrado, anacrónico y antidemocrático de los tres poderes de la Unión”.
Ortiz Mayagoitia dijo cosas ciertas en sus críticas a Legislativo y Ejecutivo, pero no “que hay muchos jueces corruptos, y son esos jueces los que necesitan protección, son a los que luego asesinan por sus tratos con la delincuencia organizada”, agregó Lauro Sol, presidente de la ANAD.
La Corte, “sin calidad moral”
Miranda aseguró que la SCJN no tiene calidad moral para hablar de culpables y fracasos en el tema de la normatividad penal y la procuración de justicia, porque “las principales resoluciones de la Corte en 20 años sobre los problemas más relevantes que afectan directamente al grueso de la población, sobre todo la de bajos ingresos, han sido en forma contraria a los intereses populares”.
Citó como ejemplos, entre otros, los más de un millón de amparos que la Corte negó a burócratas inconformes con la nueva Ley del ISSSTE, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la negativa a reconocer la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Además, señaló, debe combatirse la influencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre los jueces, mediante el Consejo de la Judicatura Federal, “porque es una intromisión del presidente de la República en las funciones del Poder Judicial”, indicó.
Lauro Sol expuso que la criminalidad tiene origen en la ilegitimidad de la elección de Felipe Calderón, ya que al no ser funcionario legítimo carece de capacidad jurídica para resolver el problema de la inseguridad.
Afirmó que mientras se aplique una política neoliberal y no se creen fuentes de empleo para mejorar la economía social, y se enfoque el combate a la criminalidad militarizando el país, “van a seguir sobrando delincuentes”.