■ Demandan replantear o afinar estrategias contra la criminalidad
Presentan hoy mandatarios estatales propuestas y pliegos de peticiones
Ante la creciente ola de violencia que se vive en Baja California, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán se comprometió a replantear la estrategia estatal para el combate al crimen organizado y persistir en la depuración de las policías.
En reunión privada con representantes de la cúpula empresarial y los cinco alcaldes de la entidad, el mandatario panista se comprometió a reforzar los operativos policiacos y a hacer “todo lo necesario” para abatir los niveles de inseguridad.
A su vez, el gobernador de Tamaulipas, el priísta Eugenio Hernández Flores, afirmó que es necesario “pulir” la estrategia del gobierno federal para combatir los problemas de inseguridad, ya que se ha retrocedido.
Comentó que durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que se celebrará este jueves en la ciudad de México, los gobernadores priístas presentarán una propuesta para que se dé prioridad a la depuración de las corporaciones y se busque recuperar la confianza de los ciudadanos en los cuerpos policiacos.
Por otra parte, el mandatario de Sinaloa, el también priísta Jesús Aguilar Padilla, informó que en la cumbre de seguridad propondrá que continúe en forma indefinida el Operativo Culiacán-Navolato que se aplica contra el narcotráfico y que las fuerzas federales y corporaciones participantes respeten los derechos humanos.
El gobernador sinaloense criticó que la Federación imponga excesivas trabas para la aprobación de los recursos que requieren estados y municipios para combatir la inseguridad, ya que en algunos rubros apenas se ha dispuesto de 40 por ciento del presupuesto.
Por separado, José Natividad González Parás, mandatario de Nuevo León, adelantó que en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad propondrá que se elabore una estrategia contra el secuestro, el chantaje y la extorsión por parte de bandas que en muchas ocasiones tienen ramificaciones a escala nacional.
El priísta indicó que existe gran inquietud entre los gobernadores acerca de poder instrumentar acciones y avanzar en las estrategias y los programas de coordinación Federación-estados-municipios.
Por otra parte, el Congreso de Hidalgo se pronunció porque las instituciones encargadas de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado dejen de lado posiciones e intereses políticos o de grupos y encaucen sus esfuerzos en la búsqueda de “una solución definitiva al grave problema que representa la inseguridad pública que afecta a las familias mexicanas”.
En este contexto, el gobierno del estado de México informó que destinará más de 190 millones de pesos para la creación de las nuevas áreas de investigación y atención de la procuraduría de justicia, que prometió el gobernador Enrique Peña Nieto al anunciar el plan para reducir la incidencia delictiva en la entidad.
Además, se tiene previsto incrementar el presupuesto para la nómina de dicha dependencia en 300 millones de pesos, y así solventar el costo de las nuevas plazas que anunció el martes el mandatario estatal.
Antonio Heras, Martín Sánchez, Javier Valdez, David Carrizales, Carlos Camacho e Israel Dávila