■ Insta Baeza Terrazas a “revisar” las libertades ciudadanas para recuperar la legalidad
Acuerdan procuradores y jueces mejorar sus estrategias en favor de la justicia
■ Desarrollarán expertos un código tipo que enriquezca la práctica de los juicios orales en el país
Chihuahua, Chih., 22 de agosto. Procuradores e impartidores de justicia del país acordaron mejorar sus estrategias para lograr procesos expeditos, persecución efectiva de ilícitos y la “aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas constitutivas de delitos”, al tiempo que el gobernador de esta entidad, José Reyes Baeza Terrazas, instó a los tres órdenes de gobierno a la revisión de “las libertades ciudadanas” para recuperar la cultura de la legalidad.
Durante la inauguración de la octava reunión nacional de presidentes de tribunales superiores y procuradores generales de justicia, se dio a conocer que, además de profundizar en el conocimiento del recién suscrito Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, un grupo de investigadores, magistrados y jueces especializados elaborarán un código tipo en materia de oralidad, que permitirá que los encargados de impartir justicia tengan mejores condiciones para llevar a la práctica los juicios orales en el país.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, sostuvo que la reforma en materia de justicia penal “es uno de los componentes centrales de viabilidad del acuerdo nacional, pues tiene los elementos necesarios para una transformación profunda de nuestras instituciones y también de las instituciones de seguridad”.
Señaló ante sus homólogos y magistrados que con el acuerdo nacional se tiene “un nuevo instrumento que abre posibilidades para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población”, pero advirtió que “desde luego, esto no ocurrirá de la noche a la mañana”.
Mencionó que “ningún orden de gobierno puede por sí mismo o de manera aislada resolver la inseguridad” y que “es imposible imaginar una situación en la que se abatan los índices de delitos federales y no los del fuero común o viceversa”.
Reporte del procurador Medina Mora
El titular de la PGR informó durante la inauguración de este encuentro que “en estos 20 meses y medio de gobierno (federal) se han asegurado más de 18 mil armas, de las cuales más de 10 mil son rifles de asalto”, lo que “sería suficiente para armar a cualquiera de los ejércitos de las repúblicas centroamericanas”.
Indicó que en lo que va de la administración de Felipe Calderón “se han asegurado también 9 mil 377 vehículos terrestres, 283 aeronaves, 277 millones de dólares en efectivo y 103 millones de pesos. Se ha extraditado a 163 delincuentes, entre ellos 41 notorios narcotraficantes”, y también, “al 14 de agosto decomisado más de 61 toneladas de cocaína; casi 3 mil toneladas de mariguana y más de 42 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas”.
Durante el encuentro, que concluirá este sábado, los participantes analizarán la reforma constitucional al sistema de justicia penal, así como “las fortalezas y debilidades institucionales que se han presentado al transitar hacia un nuevo modelo de justicia”, en entidades como Oaxaca y Chihuahua, que fueron las primeras en poner en práctica los juicios orales.
El magistrado José Castillo Ambriz, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, señaló que “más que nunca, cobra importancia la necesidad de estructurar un concepto renovado de lo que significa la impartición de justicia”.
Este ejercicio, dijo Castillo Ambriz, transformado en un enlace interinstitucional “nos ofrece mejores condiciones para el pronunciamiento de nuevos planteamientos y enriquecer nuestros conocimientos teóricos y pragmáticos en materia de justicia, para continuar perfeccionando y fortaleciendo nuestras tareas fundamentales”.
El gobernador de Chihuahua, de filiación priísta, llamó a los tres órdenes de gobierno a que revisen “el régimen de garantías y libertades ciudadanas” y “establezcan límites suficientes para recuperar la cultura de la legalidad”.
Según el mandatario estatal, “so pretexto de ejercer los derechos que consagra la Constitución se ha caído definitivamente en excesos, lastimando el derecho de terceros sin que exista una pena, prevaleciendo la impunidad, que es el principal aliciente para que se sigan cometiendo más y más delitos”.
El mandatario hizo estos pronunciamientos luego de que en Chihuahua se produjeron dos masacres en las últimas semanas con un saldo de 24 muertos, y aseguró que su propuesta “no significa coartar o limitar las libertades del individuo”, simplemente, dijo, es “evitar que siga existiendo laxitud en el cumplimiento del ejercicio de un derecho”.
Este pronunciamiento de “revisar las garantías ciudadanas”, lo formuló Baeza Terrazas el pasado 18 de agosto, en un mensaje a la población del estado mediante los sistemas de radio y televisión locales, tras la ejecución de 14 personas en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna.