Usted está aquí: jueves 28 de agosto de 2008 Capital Se adhieren actores sociales al plan de 20 acciones contra la inseguridad

■ Jueces del TSJDF también transparentarán su actuación: Ebrard

Se adhieren actores sociales al plan de 20 acciones contra la inseguridad

■ Representantes de industriales y de empresas automotrices, entre otros

Ángel Bolaños. Gabriela Romero y Rocío González

Ampliar la imagen El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, acompañado aquí de los secretarios de Salud, Armando Ahued; de Desarrollo Social, Martí Batres; de Desarrollo Rural, Rosa Márquez; y de Desarrollo Urbano, Arturo Aispuro, durante el primer día de clases del curso de introducción a la lengua y cultura náhuatl El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, acompañado aquí de los secretarios de Salud, Armando Ahued; de Desarrollo Social, Martí Batres; de Desarrollo Rural, Rosa Márquez; y de Desarrollo Urbano, Arturo Aispuro, durante el primer día de clases del curso de introducción a la lengua y cultura náhuatl Foto: Roberto García Ortiz

Al igual que las corporaciones policiacas, los agentes del Ministerio Público y los peritos, también los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) tendrán que transparentar sus acciones y someterse al escrutinio del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el contexto del Frente Común contra la Delincuencia del Distrito Federal.

El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló lo anterior al continuar ayer la adhesión de actores sociales al plan de 20 acciones en materia de seguridad, en esta ocasión a los representantes de la industria automotriz, a quienes dijo que con la creación de la red de consejeros ciudadanos de seguridad pública y procuración de justicia, de ninguna manera se está buscando eludir o distribuir responsabilidades que corresponden a la autoridad

“Nosotros asumimos qué es lo que tenemos que hacer: se requiere acelerar cambios que están en curso en las policías, modificar muchas cosas, pero resulta fundamental que diversos sectores participen, por eso le llamamos Frente Común y tratamos de definir qué es lo que nos corresponde a cada cual”, señaló.

El documento que suscribieron los representantes de siete empresas automotricez y cinco asociaciones de industriales, comercializadores y productores de autos y camiones, propone en una mesa de trabajo analizar y evaluar aplicaciones tecnológicas en el combate al robo de vehículos; la incorporación del gobierno capitalino al Registro Público Vehícular e identificar medidas de control que acoten la circulación de autos sin matrícula.

En su mensaje, Ebrard resaltó la importancia de la evaluación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), que se realizará con las redes de consejeros ciudadanos y agregó a estos a los servidores públicos de los reclusorios y del Tribunal Superior de Justicia.

A pregunta expresa, al concluir el acto, el mandatario capitalino precisó que la ley faculta al Consejo Ciudadano de Seguiridad Pública y Procuración de Justicia del cual dependerán las redes de consejeros, a solicitar información no sólo de la SSP-DF, la PGJDF y la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, sino también del TSJDF, incluyendo aquella que tiene que ver con el desempeño de los jueces.

Recordó que el órgano judicial inició además el proceso para informatizar todos los juicios en todas las materias, incluida la penal, lo cual posibilitará una mayor transparencia del trabajo de los jueces.

Por otra parte, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó la Ley de Protección de Datos Personales del DF, mediante la cual se prohíbe la difusión de información contenida en averiguaciones previas o declaraciones patrimoniales, sin el consentimiento de la parte involucrada.

De acuerdo con esta ley se limita el uso de la informática “a fin de evitar que se pueda agredir la intimidad personal y/o familiar de las personas, coartando el ejercicio de sus derechos sin que medie mandamiento escrito de la autoridad competente, en el que funde y motive su acto de autoridad”.

Se remarca que el fin de ésta es que el “ciudadano cuente con las herramientas necesarias para proteger su legítimo derecho a la intimidad y a la privacidad”.

Se advierte que los responsables de los sistemas de datos personales con fines policiales, “para la prevención de conductas delictivas o en materia tributaria, podrán negar el acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales en función de los peligros que pudiera derivarse para la defensa del Estado o la Seguridad Pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o a las necesidades de las investigaciones que se estén realizando”.

 
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