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Segundo informe

■ Cifras recientes señalan que el Seguro Popular tiene 25 millones de afiliados

Continuidad, marca de la actual política en salud

Ángeles Cruz Martínez

Con la seguridad de los crecientes recursos económicos que por ley se deben asignar al sector salud cada año, para que en 2011 se alcance la cobertura universal de servicios médicos en el país, el actual gobierno no ha tenido más que dar continuidad a las metas diseñadas y aprobadas por el Congreso de la Unión el sexenio pasado y, en todo caso, hacer adecuaciones y enfrentar aspectos que no resolvió la anterior administración, como la insuficiente infraestructura sanitaria.

De acuerdo con la reforma a la Ley General de Salud vigente desde 2004 y por la cual se creó el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, progresivamente se deben incorporar a este esquema quienes carecen de seguridad social, mientras al mismo ritmo aumenta el presupuesto.

Para 2008 la Ssa dispone de 13 mil 400 millones de pesos, que representa un aumento de 17 por ciento respecto del año anterior. En tanto, el Seguro Popular cuenta con 37 mil 700 millones, 45 por ciento más respecto del monto de 2007.

El informe más reciente del Seguro Popular señala que se han afiliado 7.8 millones de familias de unos 12 millones de núcleos que en 2004 no tenían atención médica. A la fecha 25 millones de personas forman parte de éste que se considera el tercer pilar del sistema nacional de salud, aunque es incierto si efectivamente reciben los servicios que requieren.

Lo anterior se debe, entre otros factores, al aún insuficiente número de clínicas y hospitales en el país y a los obstáculos para poner en marcha instalaciones. Es el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán, cuya inauguración tiene un retraso de dos años. Desde 2006 está concluido y listo el equipamiento, pero no ha empezado a operar.

El Plan Maestro de Infraestructura prevé construir 12 hospitales de alta especialidad, de los cuales están en funciones el de El Bajío, Oaxaca y Chiapas. La Ssa prevé que antes de fin de año habrá inaugurado dos más, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en Durango.

El rezago es importante. Datos oficiales señalan que en 2006 había 10 mil 735 unidades, de las cuales casi 10 mil eran centros de salud, 79 unidades de especialidad médica, 133 hospitales de la comunidad y 382 generales, además de ocho hospitales federales de referencia y 10 institutos nacionales de salud, éstos concentrados en el Distrito Federal.

Con 30 años de antigüedad en promedio, a la mayoría de esos inmuebles les falta equipo o personal; además, menos de un tercio de las unidades médicas cuentan con la certificación para servir a los usuarios del Seguro Popular.

El gobierno calderonista planea construir 3 mil 600 unidades –en su mayoría centros de atención primaria, donde se deben resolver 85 por ciento de las enfermedades–; así como 580 unidades de especialidades para el diagnóstico, tratamiento y prevención de males crónicos. De éstas, 254 están funcionando.

Aún así, en 8 por ciento del país la infraestructura pública o privada de salud es totalmente inexistente. Se trata de las zonas de mayor marginación y difícil acceso, donde además se tienen los más altos índices de mortalidad materna y por las cuales el país no podrá cumplir con la Meta del Milenio de reducir la tasa de defunciones relacionadas con el embarazo y el parto.

Para atender a esta población, el gobierno retomó el proyecto de las brigadas médicas que operaron con financiamiento externo entre 1994 y 2000, y que durante el gobierno de Fox se dejaron bajo la responsabilidad de los servicios estatales.

 
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