■ Sólo es una “respuesta reactiva”, señala; exige combatir corrupción oficial e impunidad
Descarta la IP que la inseguridad decline con el aumento de sanciones al hampa
La imposición de más sanciones a la delincuencia fue criticada por el Centro de Estudios del Sector Privado (Ceesp), al considerarla una “respuesta reactiva”, pues, señaló, pese a la existencia de leyes prevalece “un orden jurídico muerto”, de lo que responsabilizó a las autoridades.
“Hoy no son válidas las justificaciones del gobernante, las acusaciones partidistas y la mezquindad política, porque las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión tienen el monopolio de garantizar la seguridad de sus gobernados y porque el monopolio de la calidad moral para exigir y responsabilizar a las autoridades la tiene sólo el gobernado”, sentenció el Ceesp en su análisis semanal, donde hizo alusión a la marcha contra la inseguridad que se realizó el sábado pasado.
Erradicar la inseguridad, señaló, “resulta muy difícil, sobre todo cuando hay incentivos para que prevalezca, como la impunidad, que no es otra cosa que la falta de castigo, y tiene como origen un fenómeno igualmente lesivo: la corrupción”.
Las consecuencias de no sancionar el crimen son “graves porque contribuyen al debilitamiento del estado de derecho y la ruptura del orden social”.
Con la impunidad “se pierde la confianza en el Estado en cuanto a su capacidad para hacer justicia, se erosionan las instituciones y estructuras democráticas, además de desactivar la economía”, alertó el organismo que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, donde se aglutinan los 12 organismos cúpula del sector privado.
Consideró que en lugar de implantar más sanciones como respuesta reactiva, “lo ideal sería una eficiente política de prevención del delito”. Criticó que eso no suceda en realidad.
En las instancias de procuración de la justicia “descansa la impunidad”, apuntó.
Enlistó diversos actos de corrupción que generan esa impunidad: averiguaciones previas mal integradas, connivencia de las autoridades, vicios en la investigación de los delitos, complicidad de policías y delincuentes, contubernio entre hampa y juzgadores y politización de la justicia.
Insistió en que el ambiente de inseguridad que existe en el país “ha obligado a la sociedad a absorber costos que no le corresponden”, y calificó el reciente acuerdo firmado por las autoridades de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno de “intento para frenar la ola delictiva en el país”.
Con mejores leyes y su obligada aplicación se garantiza que la sociedad tenga mayores oportunidades de empleo y los empresarios cuenten con mejores oportunidades para invertir, concluyó.