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■ Denuncian que “nunca como ahora” habían sido excluidos por las autoridades

Grupos ambientalistas de siete estados exigen a la Semarnat reformar leyes

■ Se reúnen por vez primera para exponer problemáticas y acordar acciones de defensa

Angélica Enciso L.

Ampliar la imagen Cianuro, cadmio, ácido sulfúrico y cromo, entre los desechos que vierten algunas empresas del corredor industriall del municipio El Salto, Jalisco, en el río Santiago. Los habitantes de la zona se quejan de los efectos de la contaminación, pues ya se han reportado enfermedades en la piel Cianuro, cadmio, ácido sulfúrico y cromo, entre los desechos que vierten algunas empresas del corredor industriall del municipio El Salto, Jalisco, en el río Santiago. Los habitantes de la zona se quejan de los efectos de la contaminación, pues ya se han reportado enfermedades en la piel Foto: Francisco Olvera

Por vez primera se reunieron movimientos ciudadanos ambientalistas de decenas de localidades, provenientes de al menos siete estados del país, con el propósito de demandar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una reforma profunda a leyes, reglamentos y normas nacionales para el manejo ambiental, ante el deterioro de los recursos naturales, la imposición de proyectos y daños a la salud en diversas comunidades.

En la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó la primera Asamblea de Afectados Ambientales, a la cual asistieron representantes de movimientos, como los que han surgido en protesta por los daños a la salud y el ambiente que provoca la contaminación en El Salto, Jalisco; la construcción de un relleno sanitario en Loma de Mejía, Cuernavaca, situado en una región donde hay ríos, y en contra de la edificación de unidades habitacionales en zonas donde hay escasez de agua.

Las agrupaciones están dispersas, lo cual provoca que la visibilidad de los conflictos –que cada vez son más– sea difícil a pesar de que son tan importantes, ya que expresan una situación que a veces es de colapso ambiental, indicaron. En esta asamblea se conocieron las problemáticas y a partir de ahora los ciudadanos buscarán defenderse de manera colectiva.

Los grupos han surgido por conflictos sobre agua, basura, vivienda, urbanización “salvaje”, construcción de carreteras, destrucción de bosques, políticas agrarias, avance de la agricultura transgénica, desarrollos hoteleros, despojo de playas y daños a la salud.

Entre los aspectos en común, señalaron, destaca que no son atendidas por las autoridades locales ni estatales, la “tortura” con los trámites burocráticos, la burla, el despojo de recursos, territorios y derechos. Si protestan, las atienden a garrotazos tanto policías municipales como estatales y federales, y hay casos de torturas, secuestros e inclusive asesinatos. Al menos 70 por ciento de conflictos están vinculados con el manejo del agua.

Destacan los casos de la cuenca Lerma-Chapala. El río Lerma, desde su nacimiento, en las ciénagas ubicadas cerca de Toluca, tiene altos niveles de contaminación con metales pesados. Luego pasa por Salamanca, Guanajuato, “donde llega a incendiarse”, y en Jalisco causa problemas de salud, como cáncer y nacimientos con malformaciones. Allí el promedio de males es nueve veces más alto que el de la media nacional, indicaron los afectados.

Algo similar ocurre en Alpuyeca, Morelos, comunidad que, con una población de sólo 12 mil habitantes, tiene 30 niños con malformaciones genéticas y 80 enfermos de cáncer, reportaron. Otro caso con problemas similares de salud es el de campesinos del sur del estado de México, en la región de Invernaderos, donde también hay casos de malformaciones por el uso de plaguicidas.

En Jilotzingo, estado de México, hay un basurero que capta residuos hospitalarios probablemente de manera clandestina, explicaron. Los lixiviados, de acuerdo con estudios que han obtenido los habitantes, causan enfermedades como cólera, brucelosis, meningitis, encefalitis, ántrax, tubercolisis activa, tifo, lepra, fiebre paratifoidea y rabia. Esos residuos líquidos llegan a la presa Marín, la cual abastece de agua a un millón de personas de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla. El abogado Fernando Mayén, quien llevaba ese caso, fue asesinado en marzo pasado.

Las organizaciones ciudadanas manifestaron que reclaman su derecho a intervenir en la decisión de obras que las impacten, como carreteras, y en los diferentes órdenes territorial y ambiental; en resumen, dijeron, buscan ser tomadas en cuenta.

“Nunca –aseguraron– la exclusión había sido tan grande”, y ahora observan cómo todo está quedando en manos de empresas que privatizan servicios urbanos, transporte, comunicaciones, vivienda, energía y otros aspectos, lo que ha tenido como consecuencias despojo y expropiación territorial.

Estos movimientos, aunque se intensificaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se exacerbaron con la llegada de Vicente Fox a la presidencia y tras el fracaso en hacer de México un país esencialmente maquilador. La única “ventaja competitiva” que le quedó fue contar con una normatividad laxa en materia ambiental. Ello, combinado con las dinámicas de urbanización y “construcción salvaje”, como dispositivos de salida de la economía nacional, provoca una “saturación territorial” en todos los sitios donde se presentan los procesos de destrucción ambiental, advirtieron los afectados.

 
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