■ Quitarse la ropa interior, entre las exigencias cotidianas a hombres y mujeres defensores

Violan en el penal del Altiplano derechos de abogados que visitan internos, acusan

■ El trato es peor para los presos; sólo con amparo reciben medicamentos, aseguran litigantes

■ “Por supuesto que requerimos cárceles seguras, pero no deben ser centros de torturas”, señalan

Alfredo Méndez

Entrar al penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ubicado en el estado de México, se ha convertido para los abogados defensores de reclusos en un verdadero vía crucis.

“Bájese los calzoncillos. Córrase el prepucio. Pónganse en cuclillas. Haga sentadillas”, son algunas de las exigencias que los custodios hacen cotidianamente a los litigantes que acuden a ver a sus defendidos, aseguró el penalista Félix Francisco Garza. A las mujeres les dan órdenes similares, y también deben quitarse la ropa interior, señaló.

El trato para los abogados es despectivo y violatorio de sus derechos humanos, agregó Rogelio de la Garza, otro penalista consultado.

Si los defensores alegan o se oponen a las extremas medidas de seguridad, simplemente se les niega el acceso.

En tanto, si presentan un amparo o documento de alguna comisión de derechos humanos que recomiende dar un trato respetuoso al portador de la queja, “los custodios se ríen en nuestra cara, lo reportan a la dirección del penal y luego regresan a decirnos que no vamos a ingresar”, añadió Félix Garza.

De la Garza añadió: “he entrado a penales de máxima seguridad de Estados Unidos, como el de (Huntsville) Texas, y claro que hay vigilancia. También, como aquí, utilizan aparatos de escáner con rayos equis y gama. Hay arcos detectores de metales.

“La diferencia es que los custodios nunca te desnudan ni mucho menos te tocan. Los periodistas pueden pasar a esas cárceles, entrevistar a condenados y documentar reportajes. ¿Grabadoras o cámaras en el Altiplano? No, qué va, ahí no pasa ni una aguja.”

¿Trusa o tanga?

Para que un litigante se encuentre con su cliente en la zona de locutorios del penal debe pasar al menos seis arcos detectores de metales, una sala de rayos equis y gama, dos mesas de control de registro de documentos y tres áreas de aduanas.

Además, el abogado está obligado a responder al interrogatorio de algún custodio que quiere saber, incluso, si el visitante usa pantalón, bermudas, trusa o tanga. Por si fuera poco, debe soportar ser cacheado sin ropa por el vigilante.

No obstante, si para los litigantes es extrema la seguridad y denigrante la forma en que se les recibe, para los presos el trato se vuelve inhumano.

Son poco más de 750 los internos en ese penal, y actualmente, según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consultados, existen en trámite unos 3 mil 500 juicios de amparo tramitados por los presos.

Únicamente con amparo en mano los reclusos pueden leer periódicos, libros, revistas, biblias, códigos o leyes.

Sólo si el interno cuenta con una suspensión en vía de amparo puede salir un momento de su celda sin ventanas –son cubículos de cemento sin luz natural y con una sólida puerta de acero con estrechas ranuras por las que apenas se ve un trozo de pasillo– a un espacio exterior del penal.

Para recibir al menos una vez por semana visitas conyugales y familiares, o simplemente tener derecho a un medicamento para controlar la presión arterial o la diabetes, es indispensable que el preso haya recibido la protección de la justicia federal.

En el Altiplano todos están amparados. Capos del narcotráfico como Ernesto Fonseca Carrillo, ex líder del cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Félix Gallardo, ex cabecilla del cártel de Sinaloa, y Óscar Malherbe de León, quien dirigió el cártel del Golfo, se quejan de incomunicación.

Ex jefes policiacos o militares –como Marco Antonio Tamayo Sotelo o el general Jesús Gutiérrez Rebollo– sostienen en su petición de amparo que son maltratados, que reciben golpes o son privados de alimentos y agua.

Secuestradores como Daniel Arizmendi o Andrés Caletri aseguran ante los jueces que no reciben medicamentos o que se les restringen las visitas conyugales.

También Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ha pedido amparo, en el que denuncia segregación, incomunicación, traslado al área de castigo, tortura y privación de agua potable; señala que lo han hecho dormir en el suelo y demanda atención médica y sicológica.

“Por supuesto que requerimos penales seguros, pero también necesitamos un sistema carcelario de verdadera readaptación social del delincuente, y no centros de tortura; nuestros defendidos no están pidiendo privilegios, sólo que se respete la ley y los beneficios que la Constitución y la normatividad les permite”, indicó Félix Garza.

El artículo 18 constitucional ordena: “los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente”.

En tanto, nueve artículos del Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social apuntan que para mejorar la conducta del recluso es indispensable que se le dé oportunidad de realizar actividades productivas, recibir capacitación, educación y fomento a las relaciones interpersonales con sus compañeros y con sus familias.