Usted está aquí: miércoles 10 de septiembre de 2008 Política Intenta la justicia militar atraer caso de doble crimen en Oaxaca

■ Pide a la procuraduría del estado “declinar competencia”

Intenta la justicia militar atraer caso de doble crimen en Oaxaca

Octavio Velez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 9 de septiembre. La Procuraduría General de Justicia Militar requirió a la Procuraduría General de Justicia del estado que “decline la competencia” en las pesquisas por el asesinato de dos campesinos zapotecos de Santiago Lachivía, en el municipio de San Carlos Yautepec, cometido por soldados del Ejército adscritos a la 44 Zona Militar, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El 5 de agosto pasado, los militares que participaban en el puesto de control móvil Barroso, durante su recorrido por esa comunidad, dispararon a pobladores que trabajaban en una parcela comunal, matando al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y al poblador Venancio Olivera Ávila, además de herir a Aurelio Ortega Pacheco.

En el oficio 500/2008, fechado el pasado 3 de septiembre, el mayor de justicia militar, agente del Ministerio Público Militar, Antonio Hernández Pérez, solicitó al subprocurador de la entidad, Netolín Chávez Gallegos, declinar la competencia y remitir a esa representación, la averiguación previa número 64/2008 iniciada por el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito en San Carlos Yautepec, Adrián Jiménez Gómez, pues “el personal militar, el día de los hechos, se encontraba desempeñando actos del servicio militar”.

Hernández Pérez, fundamentó la petición en disposiciones de la Constitución y del Código de Justicia Militar, así como en el convenio de colaboración suscrito entre la Procuraduría General de la República, la procuraduría militar, la procuraduría del Distrito Federal y de las procuradurías de los 31 estados.

El agente militar requirió el 11 de agosto pasado al agente del Ministerio Público del fuero común adscrito en San Carlos Yautepec, una copia certificada de la averiguación previa.

Hace unos días, el abogado defensor de los familiares de las víctimas, Víctor Ignacio Ramírez, informó que seis soldados habrían sido arraigados por la justicia militar por el asesinato de los dos campesinos.

Por ahora se desconoce la identidad de los efectivos castrenses, pero entre éstos se encontraría el teniente de infantería, José Bernardino Barroso Díaz, quien encabezaba el puesto de control móvil “Barroso”.

Ramírez dijo que el crimen de los dos indígenas por disparos de arma de fuego en la espalda quedó probado con la autopsia practicada a los cadáveres en la procuraduría oaxaqueña.

 
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