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Editorial

Desaseo del caso Martí

La captura de los presuntos integrantes de la banda de La Flor –a la que se atribuye el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí Haik–, dada a conocer el pasado lunes por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha estado enmarcada por un conjunto de actitudes erráticas por parte de las autoridades –federales y capitalinas–, que merman las perspectivas de esclarecimiento cabal del caso.

En primer lugar, la presentación de la ex agente federal Lorena González Hernández como una de las implicadas en los delitos referidos –concretamente como la encargada de operar el falso retén policial en que fue capturado el adolescente de 14 años– ha suscitado un cúmulo de contradicciones en el seno de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). Inicialmente, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas Rosas, declaró que González Hernández había pertenecido a la Agencia Federal de Investigación (AFI) “hasta finales de 2007”; tal versión fue desmentida por el titular de la SSP, Genaro García Luna, quien afirmó que la acusada tenía “plaza vigente” en la AFI y que se encontraba “en trámites para ingresar” a la Policía Federal Preventiva (PFP). Finalmente, el propio García Luna reconoció que se trata de un elemento en activo de esta última corporación policial. Tal circunstancia evidencia, en el mejor de los casos, una falta de coordinación inaceptable por parte de ambos funcionarios, y en el peor, un intento deliberado por confundir a la sociedad y deslindar a la dependencia.

Las autoridades capitalinas, por su parte, han incurrido en un manejo desaseado e inadmisible de la información, al involucrar en las pesquisas, de manera todavía insustentada, a la familia del presunto líder de La Flor, Sergio Ortiz Juárez –quien se encuentra convaleciente en un hospital tras sufrir un atentado–, en flagrante atropello al principio de presunción de inocencia que debiera imperar en este tipo de procesos. Es igualmente criticable el hecho de que se permitiera a una televisora entrevistar al testigo protegido del caso Martí, no sólo porque con ello se puso en riesgo la integridad de quien, según se afirma, ha desempeñado un papel clave en la investigación, sino además porque se evidencia una postura complaciente por parte de las autoridades para con los medios de comunicación. La circunstancia remite inevitablemente a lo ocurrido el 9 de diciembre de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación, entonces a cargo del propio García Luna, “reconstruyó”, a petición de las dos principales televisoras del país, el operativo de captura de la francesa Florence Cassez y otros presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, a fin de que pudiera ser transmitido “en vivo”.

Hasta ahora la responsabilidad de los presuntos delincuentes presentados por la PGJDF no ha sido cabalmente demostrada, pero tanto las autoridades como el tribunal de medios establecido desde el lunes pasado han juzgado como culpables a todos los indiciados, por encima de las instancias encargadas de la impartición de justicia y en desatención de los procesos legales correspondientes. Será difícil revertir la impresión de que la autoridad pretende suplir el juicio legal con el enjuiciamiento mediático, y que renunció así a la posibilidad de que fuera la claridad, y no la sospecha, el signo de estas indagaciones.

En suma, los primeros resultados de las investigaciones en torno al caso Martí, lejos de contribuir a que mejore la percepción ciudadana con relación a las autoridades, alimenta el clima de confusión, incertidumbre y desconfianza en que se encuentra inmersa la sociedad mexicana.

 
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