■ Acuerdan crear en tres meses una unidad especializada que “privilegie vida de las víctimas”
Homologar penas a secuestradores en todo el país, piden procuradores
■ Habrá “recompensas económicas y estímulos de tipo social” para agentes miembros de grupos antiplagio
■ Analizan mecanismo para vigilar a efectivos que dejen de laborar en dichos órganos
Monterrey, NL, 12 de septiembre. Como parte de la Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro los procuradores del país acordaron pagar “recompensas económicas” e “incentivos adicionales” de tipo social a los policías que integren las unidades antisecuestro, “por el trabajo desempeñado en los casos que lo ameriten”, además de tratar de homologar en todos los estados las penas para los plagiarios.
Sin embargo, en México sólo la mitad de las entidades cuentan con estos grupos, por lo que todos los procuradores se comprometieron a crear –en un plazo de tres meses– una unidad especializada, bajo la tutoría de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y construir un mecanismo de seguimiento a aquellos agentes que dejen de laborar en el combate al secuestro.
Lo anterior, durante la clausura de la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que concluyó sin la presencia de Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, debido a que tuvo que acudir a una reunión del gabinete de seguridad, en la ciudad de México.
Células de cárteles del narco
Al concluir los trabajos de esta sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se dio a conocer que grupos de secuestradores actúan de manera regional e inclusive que algunos son células de cárteles del narcotráfico, como los que privaron de la libertad y decapitaron a 12 personas en el estado de Yucatán, hace unas semanas.
En ese contexto, y sin dar cifras precisas del número de bandas que actúan en territorio nacional, el subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, Víctor Corzo Cabañas, afirmó que la Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro permitirá “una coordinación operativa para aplicar acciones inmediatas que sin duda darán resultados tangibles en la materia”, ya que a decir del funcionario, con la creación de la unidad especializada se organizará el esfuerzo policial, ministerial y pericial “para desarticular las organizaciones criminales dedicadas al secuestro, privilegiando en todo momento la preservación de la vida de la víctima”.
En conferencia de prensa posterior a la clausura del encuentro de procuradores, Corzo Cabañas señaló que “se analizó la mejor vía para impulsar una reforma institucional y legal que permita homologar los tipos penales y los castigos a los secuestradores, así como proporcionar a las autoridades estatales las herramientas del sistema de justicia previstas contra la delincuencia organizada, a fin de acortar los espacios de impunidad que se encuentran hoy en día en el país”.
Añadió que estos acuerdos “serán fundamentales para establecer la urgente tarea de garantizar la seguridad y la justicia para todos los mexicanos”.
En este contexto, el procurador de Nuevo León, Luis Carlos Treviño Berchelmann, dio a conocer que sus homólogos de todo el país se comprometieron a “reforzar los mecanismos de colaboración y los programas operativos, así como a fortalecer los recursos humanos, la infraestructura y la plataforma tecnológica que requiere la lucha contra el secuestro a lo largo del territorio nacional”.
Por ello, las entidades que no cuentan con unidades especializadas de combate al secuestro –que son la mitad, según el subprocurador Corzo–, se comprometieron a crearlas “con base en los perfiles y criterios generales para la selección, capacitación, desarrollo y evaluación de ministerios públicos, policías y peritos”, y la actuación de todas las unidades se realizará bajo protocolos comunes y con una visión integral de atención al fenómeno”.
En tanto, la PGR y la SSP federal se comprometieron a “brindar el trabajo tutorial para instalar las unidades especializadas que sean necesarias” en un tiempo estimado de tres meses.
En ese contexto es que las procuradurías también se comprometieron a minimizar la rotación de personal designado en esos grupos, así como asignar “incentivos adicionales al salario, como prestaciones de tipo social y recompensas económicas por el trabajo desempeñado en los casos que lo ameriten” a los integrantes de dichas unidades contra el secuestro.
Asimismo, por primera vez acordaron diseñar un sistema “para dar seguimiento al personal una vez que deje de laborar en tareas de combate al secuestro”, y a integrar –en un periodo de seis meses– un banco de voces de personas sujetas a investigación, así como del personal que atiende ese delito.