■ Criminaliza las faltas menores, advierte
Reforma penal de NL causará abusos: ONG
Monterrey, NL, 21 de septiembre. La Ley Estatal de Seguridad Pública, que el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad el miércoles pasado, propiciará abusos de las autoridades, advirtió la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
“Nos preocupa que en los artículos 59 y 60, relativos a la creación del Registro de la Estadística Delictiva, se viole el derecho a la intimidad reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al dar pie a que dicho registro sea un mecanismo para criminalizar a los ciudadanos que hayan cometido infracciones, así como a los menores de edad que hayan incurrido en conductas antisociales no graves, al equipararlas automáticamente con delitos”, expuso.
Igualmente, cuestionó que en el artículo 75, que se refiere a la integración de Registro Estatal de Seguridad Pública, “se prevea dar el mismo trato a los infractores, a los indiciados y a quienes han recibido sentencia condenatoria, lo que implica criminalizar a quien cometa una simple infracción”.
La agrupación que dirige la religiosa Consuelo Morales Elizondo planteó que la nueva ley “implica una universalización del fichaje, que, lejos de ayudar a crear un clima de confianza, inhibirá la cultura de la denuncia”.
La agrupación no gubernamental lamentó que el Congreso local no tomara en cuenta la experiencia de 15 años de Cadhac, que antes de la aprobación de las reformas externó su preocupación sobre los puntos mencionados.
El 14 de agosto, horas antes de que la iniciativa del Ejecutivo estatal fuera aprobada por la legislatura, Cadhac pidió a los diputados locales que la niciativa de Ley de Seguridad Pública que el Ejecutivo presentó fuera analizada “con detenimiento, sin presiones de tiempo ni consideraciones de cálculo partidista que desvíen la atención de los aspectos centrales que una ley debe considerar para responder verdaderamente al legítimo reclamo ciudadano de más seguridad, en estricto apego a la Constitución y los derechos humanos”.
La nueva ley prevé la creación de la Policía Metropolitana, que vigilará los 11 municipios conurbados a Monterrey, y la formación de un consejo ciudadano que será elegido por el Poder Legislativo, y no por el gobernador, como señalaba la propuesta del Ejecutivo.
Además, la ley crea el Instituto Estatal de Seguridad Pública, que evaluará con indicadores estadísticos el desempeño de los cuerpos policiacos.
En la propuesta aprobada se eliminó el artículo 170, que habría hecho posible concesionar a particulares los centros penitenciarios. El diputado Fernando Kuri, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública dijo al respecto: “La seguridad no se debe privatizar”.
Además se agregó el artículo 182, que castiga con prisión de dos a siete años y multas de 25 hasta 800 salarios mínimos a los servidores público que permitan, toleren o propicien la participación de reos en cualquier clase de comercio entre internos, celadores y personal de los penales.