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Carlos Fazio

Álvaro Uribe y la operación email

Hace un par de semanas, en otra acción de propaganda negra y terrorismo mediático combinada con actividades de espionaje en territorio extranjero, el presidente colombiano Álvaro Uribe y sus patrocinadores en Washington fraguaron una nueva maniobra diversionista. Ahora tocó el turno a Chile.

Mediante la siembra de información falsa –un supuesto correo electrónico de un grupo de estudiantes mexicanos denominado Flores Magón, al comandante Raúl Reyes, asesinado en la operación quirúrgica en el Sucumbíos ecuatoriano el primero de marzo de 2008–, el nuevo montaje propagandístico, que contó con la colaboración de los diarios chilenos La Tercera y El Mercurio, intentó establecer presuntos vínculos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y “extremistas” trasandinos. Entre ellos, el pueblo mapuche, miembros del Partido Comunista local y un periodista de La Moneda, Hugo Guzmán.

Con tal fin, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Colombia instrumentalizaron a tres connotados personeros de la ultraderecha chilena: el empresario y candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Sebastián Piñera –quien amasó su fortuna durante la dictadura militar y hoy es dueño de Lan Chile y Canal 11 Chilevisión–, y los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, anticomunistas cerriles ligados a círculos pinochetistas. El objetivo fue el mismo que se ha venido repitiendo desde que el tándem Bush-Uribe dio inicio a la segunda fase del Plan Colombia, en el marco de la “guerra al terrorismo”: regionalizar el conflicto interno colombiano para militarizar la región andina. Pero la presidenta chilena Michelle Bachelet los frenó en seco.

Ahora se sabe que la llamada operación email se fraguó en julio pasado durante un mediático viaje de Piñera, Espina y Allamand a Colombia. Entonces, los dirigentes de RN sostuvieron conversaciones privadas con Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el jefe del Ejército Freddy Padilla y oficiales de la inteligencia y la policía colombiana. Incluso, participaron en una reunión del Consejo de Seguridad de Colombia.

Según despachos de prensa que circulan en Santiago, en esa ocasión el ministro Santos entregó a los viajeros presuntas pruebas contenidas en la computadora portátil de Raúl Reyes, cuya credibilidad fueron minimizadas en su oportunidad por la Interpol y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insunza. Lo grave del caso es que en una acción desesperada, dirigida a desviar la atención de los asuntos internos –involucrado como está en el juicio de la llamada narcoparapolítica que sigue la Corte Suprema de su país–, Uribe realizó un acto impropio e inamistoso con su homóloga Bachelet, y estuvo a punto de provocar un nuevo conflicto diplomático entre la Casa de Nariño y La Moneda, al filtrar a los líderes de la derecha opositora “información de inteligencia” que ya había sido desechada por el ministro del Interior chileno, Edmundo Pérez Yoma, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Durante un viaje a Bogotá, el 14 de mayo, el titular de la ANI Gustavo Villalobos había recibido un dossier de 50 páginas con correos electrónicos impresos que, según el régimen uribista, establecían los “nexos” de las FARC con “terroristas” chilenos, entre ellos un colaborador cercano de Michelle Bachelet. No obstante, analizados sus contenidos, la ANI concluyó que los correos electrónicos no acreditaban delito alguno y que la relación histórica de Hugo Guzmán –“el hombre de La Moneda”– con grupos de apoyo a las FARC, era de “índole periodística”. En ese contexto, de manera benévola, el ministro Pérez Yoma acusó a la tríada aliancista de ser “víctimas” de una operación de inteligencia “de una facción del Ejecutivo colombiano”, que busca internacionalizar el conflicto interno haciendo aparecer a las FARC como un “problema” de toda América del Sur.

Desde 2002, tras los atentados terroristas contra las torres gemelas de Nueva York, la “estrategia de tensión” del dúo Bush-Uribe ha intentado convencer al resto de los países de América Latina que las FARC son un grupo terrorista y no beligerante. Pero salvo México, donde Felipe Calderón ha sido cómplice de Uribe y Washington –al menos por omisión– en la maquinación que señala a los cuatro estudiantes mexicanos asesinados en el Sucumbíos, y a la sobreviviente Lucía Moret como miembros de una narcoguerrilla vinculada a las FARC, nadie les ha seguido el juego.

Las razones del financista Piñera y el sheriff Espina para conspirar con los dueños de diarios locales y actuar como colaboracionistas y coadyuvantes de una operación de inteligencia de un Estado extranjero, son comprensibles. Al imitar el “estilo Uribe” fabricando enemigos internos y guerrilleros en La Moneda y Araucanía chilena, para golpear y hostigar a la presidenta Bachelet, buscaban posicionarse mejor con vistas a los comicios presidenciales de 2009. Sólo que la tortilla se les dio vuelta, ya que desde filas gubernamentales se les ha exigido “transparentar” sus vínculos con los círculos de inteligencia de otros países.

No obstante, quien pagó los platos rotos con la cacería de brujas, fue Hugo Guzmán. Periodista de larga trayectoria en México y Chile (colaborador, entre otros, de Canal 11 de Televisión, La Jornada, Reforma, La Tercera y La Nación), Guzmán se desempeñaba como jefe de un departamento en la Secretaría de Comunicación de La Moneda. En un gesto de dignidad, Guzmán dijo que renunció porque no quería “ser pretexto para que golpeen a la presidenta Michelle Bachelet”. A la vez, denunció la falta de profesionalismo de los periodistas chilenos que participaron en la campaña de guerra sucia mediática.

Mientras tanto, en Bruselas, Álvaro Uribe era acusado de crímenes de lesa humanidad, ya que bajo sus dos mandatos se han producido ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas y otros delitos propios del terrorismo de Estado.

 
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