Usted está aquí: martes 23 de septiembre de 2008 Ciencias México, penúltimo lugar en la OCDE en ciencia y tecnología

■ Las cifras en investigación y desarrollo son preocupantes, destacan en la UNAM

México, penúltimo lugar en la OCDE en ciencia y tecnología

■ En el país sólo 3 mil empresas invierten en el sector y se registran 500 patentes al año

■ Universidades y centros de investigación superior carecen de recursos, coinciden académicos

Patricia Muñoz Ríos

México ocupa el penúltimo lugar en materia de ciencia y tecnología, entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco- nómicos (OCDE), debido a que destina bajos presupuestos para este rubro y universidades y otras instituciones carecen de recursos suficientes; además, en todo el país hay cerca 15 mil investigadores certificados y otros 20 mil que están en el sector industrial, para un total de 35 mil; sólo cerca de 3 mil empresas hacen investigación y se registran apenas 500 patentes al año.

Tal diagnóstico fue hecho ayer en la inauguración de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, por directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otros, que señalaron que en México se destina la mitad de los recursos que se canalizan en otras naciones a la investigación científica.

En este foro organizado por dichas instituciones y la Global Network For Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (Globelics) el secretario general de la UNAM, Sergio Alcocer, señaló que las cifras que tiene México en materia de ciencia y tecnología son muy “preocupantes”.

Apuntó que, en la medida en que el Poder Legislativo no asuma el tema del desarrollo de la ciencia y tecnología como “la gran apuesta al futuro del país” no se otorgará presupuesto suficiente, y expuso que lo que se busca con la Ley de Ciencia y Tecnología, que se discute en el Congreso, es justamente establecer un sistema formal para impulsar la innovación y que vaya de la mano con estímulos y canalización de recursos para promover la investigación.

Por su parte, Gabriela Dutrénit Bielous, profesora-investigadora de la UAM y quien tuvo a su cargo la organización de este foro, dijo que México destina apenas 0.5 por ciento del PIB al desarrollo de la ciencia, cuando en países como Brasil o India se destina más de uno por ciento a esta actividad, lo que provoca que las universidades y centros de investigación carezcan de los recursos suficientes para desarrollar investigación. Expuso que falta compromiso del sector productivo para impulsar la tecnología y es cuestionable que que en vísperas de la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, aún no se tenga claro si se incrementará el monto asignado a las universidades.

El doctor José Lerma Labadie, rector general de la UAM, planteó que existen “grandes asimetrías entre las capacidades de producción de conocimiento y los resultados para concretar proyectos que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos y aminoren la brecha entre la pobres y ricos en el país”.

Comentó, además, que hay proyectos que se han desarrollado para mejorar al sistema nacional de ciencia y tecnología, pero no se ha logrado la transferencia adecuada de los mismos al sector productivo.

En cuanto a las cifras en materia de investigación en México, el doctor Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico del Conacyt, señaló que aun cuando la economía mexicana se sitúa en el lugar 12 o 13 a nivel mundial y tiene el octavo sitio como país exportador, “sólo 3 mil empresas en el país producen investigación”. Explicó que en materia de competitividad “la situación también es crítica”, pues México ocupa el lugar 60 en este rubro, así como el penúltimo lugar en materia de investigación científica y tecnológica con sólo 35 mil investigadores en todo el país.

Por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro Laclette dijo que México ha vivido una escasez de recursos provenientes del Estado en sus ámbitos federal y local, y una falta de coordinación intersecretarial en la definición de prioridades y sobre la asignación de los recursos presupuestales.

 
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