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■ Medina Mora y García Luna rechazan posible pacto con la delincuencia

Descarta PGR cambios sustanciales en seguridad

■ La reforma aprobada en materia de justicia tampoco tendrá un impacto “extraordinario o significativo”, admite el procurador en el Senado

Jesús Aranda y Víctor Ballinas

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Ampliar la imagen Cuatro momentos de la comparecencia ante comisiones unidas en la casona de Xicoténcatl de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna Cuatro momentos de la comparecencia ante comisiones unidas en la casona de Xicoténcatl de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna Foto: Carlos Ramos Mamahua

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, reconoció anoche en el Senado que cuando se cumplan los cien días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad “no vamos a ver un cambio sustancial en las cosas, lo que vamos a ver es si las instituciones públicas del Ejecutivo federal, las entidades federativas, los otros poderes, han o no puesto en marcha los procesos que van a llevar a cumplir esos objetivos”.

Dejó en claro que la reforma al sistema de justicia, propuesta por el presidente Felipe Calderón y aprobada el año pasado por el Congreso, tampoco “va a tener un impacto extraordinario, significativo en la justicia”.

Al comparecer ante comisiones unidas de Seguridad Pública, Justicia, de Defensa Nacional y de Marina, tanto el titular de la PGR, como el Secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, fueron interrogados respecto a si el gobierno está preparado para iniciar una guerra frontal contra el crimen organizado.

Medina Mora sostuvo que la circunstancia que enfrentaba la administración al inicio no era nueva, se venían manifestando expresiones muy significativas de violencia organizada, en razón de diversos factores, cambios estructurales de mercados, disputas entre las mismas organizaciones, una acumulación de poder económico y, detrás de él, poder de fuego y de intimidación, y sin duda una capacidad demostrada en el terreno para destruir instituciones y arrebatar a los mexicanos el derecho a vivir en paz.

Frente a ello, el Estado “no tiene ninguna opción, salvo la de poner todos los recursos a su alcance para recuperar una circunstancia de tranquilidad y normalidad para los ciudadanos”.

Enseguida, el procurador afirmó: “No se puede pactar con quien nos arrebata el derecho a vivir en paz, con quien arrebata la tranquilidad. No se puede pactar con quien destruye nuestra comunidad, nuestro espacio político, comunitario. Sobre esa base, no es una disyuntiva entre pacto o violencia: la violencia ya está ahí”.

Por su parte, García Luna sostuvo que “en la parte ética, nunca se puede pactar con el enemigo que atente contra el Estado, contra la comunidad; este grupo de criminales hay que enfrentarlos y combatirlos con toda contundencia”.

El senador perredista Ricardo Monreal preguntó sobre la indagatoria de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, a lo que Medina Mora respondió que 19 de los 24 cadáveres ya fueron reconocidos y de éstos 17 eran albañiles, actividad en la que estuvieron hasta marzo y mayo pasados, “pero una línea de investigación es que fueron reclutados como tiradores, o sea, como distribuidores de droga al menudeo; la investigación apunta hacia la disputa entre grupos de delincuencia organizada”.

El panista Ricardo García Cervantes preguntó si se tiene la certeza de que las policías municipales, estatales y federales, en un plazo razonable, reasumirán la función civil de la seguridad pública.

García Luna dijo que espera que “en un plazo razonable” las policías recuperen esa capacidad. “Tenemos un déficit histórico estructural de las policías en perfiles, en capacidades técnicas, y en el corto plazo la lógica es cambiar el sistema operacional y el modelo completo de policía”.

Reconoció que falta mucho por hacer para terminar con la corrupción de todas las corporaciones policiacas, y que en el caso de las federales, aún hay “resistencias de los policías con más de 20 años de servicio”, que se oponen a cambiar sus actitudes.

Subrayó que deben aplicarse permanentemente exámenes de confianza y verificar el patrimonio de los servidores públicos para comprobar que su nivel de vida coincide con sus ingresos.

Dijo que es necesaria una nueva ley federal de policía, que evite que los agentes dados de baja por corrupción puedan ganar amparos y ser restituidos, como sigue ocurriendo hasta la fecha (mencionó que más de 2 mil policías han obtenido esos beneficios).

El procurador admitió, por su parte, que la ley antisecuestro vigente es “insuficiente e ineficaz”, por ello se trabajará en una nueva, pero subrayó que no se plantea la federalización del delito, que continuará siendo del orden común, pero bajo una estrategia homogénea por parte del Estado. En este punto abundó que se trabaja en una nueva ley de lavado de dinero, porque hay que controlar y regular la compra en efectivo de bienes inmuebles y vehículos.

Monreal exigió la renuncia de ambos funcionarios y emplazó a Medina Mora a aclarar las palabras del presidente Felipe Calderón en el sentido de que el narcotráfico, además de infiltrar a las policías, también lo hizo con la clase política nacional, y exigió nombres.

El procurador dijo que no era adecuado entrar a una lógica de hacer juicios universales respecto de grupos o personas, porque eso no se refiere a conductas concretas que sean constitutivas de delito. “No quisiera yo entrar en términos de si hay o no policías o políticos que protegen al narcotráfico; si hay evidencia e información fidedigna y judiciable que lleve a la convicción de que alguna persona ha incurrido en una conducta constitutiva de delito, la procuraduría actuará en consecuencia, pero no estamos en la lógica de hacer juicio universal”.

 
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