■ Legisladores y líderes partidistas consideran exageradas las multas
Peligra la viabilidad financiera del PRD por sanciones del IFE
■ Se queja de que le apliquen $ 63.5 millones y sólo 38 al PAN por la intromisión de Fox
La mañana del pasado lunes, sobre la mesa donde trabajaban los consejeros integrantes de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE), estaba la propuesta de sanciones al PRD y al Frente Amplio Progresista que remitió la secretaría ejecutiva a dicha comisión: 4.9 millones de pesos por la movilización poselectoral de 2006 y 650 mil pesos por la toma de tribunas para demandar un debate sobre la reforma energética. Esto se les hizo poco a los consejeros, quienes valoraron la necesidad de aplicar una “sanción ejemplar” en ambos casos.
La consecuencia: al término de la reunión determinaron elevar en cerca de mil 200 por ciento la propuesta original de la secretaría ejecutiva para las movilizaciones de 2006, que pasó de 4.9 a 57 millones de pesos –como publicó La Jornada el martes– y en 2 mil por ciento la sanción que se aplicará por la toma de las tribunas del Congreso en abril pasado, para ubicarla en 13 millones de pesos, propuestas que serán llevadas al Consejo General del IFE para su aprobación definitiva.
Fuentes del IFE indicaron que fue en la reunión de consejeros, y a propuesta de la presidencia de la comisión, como se llegó a una multa que el PRD calificó de “estratosférica y desproporcionada”.
Ayer se presentaron en las oficinas del consejero presidente, Leonardo Valdés, el dirigente del PRD, Guadalupe Acosta, y el representante de ese partido ante el IFE, Rafael Hernández, para plantear su inconformidad con las pretensiones del organismo y la inequidad en las sanciones.
“No es posible –planteó Acosta a Valdés– que por la intromisión del presidente Vicente Fox en la contienda que puso en riesgo la elección se aplique sólo la mitad de la multa que se pretende aprobar para nosotros, que reaccionamos ante esa ilegalidad.”
Consejeros poco sensibles: AN
Entrevistado acerca de la pretensión del IFE de aprobar estas multas el próximo lunes, el representante del PAN, Roberto Gil, calificó a los consejeros de poco sensibles al reabrir el expediente de 2006 en una coyuntura tan delicada como la que vive el país.
No es momento, aseguró Gil, de reabrir este debate en momentos en que los partidos deberían buscar convergencias para alcanzar acuerdos en materia de seguridad, que reclama la sociedad.
Es preocupante y lamentable que los consejeros elijan precisamente la semana de arranque del proceso electoral para aprobar estas sanciones, porque si ellos creen que es el último saldo relacionado con 2006, deberían tener claro que en realidad se trata del primer acto con el que inauguran el (proceso de) 2009.
Por añadidura, en ambos casos, el PRD será sancionado con 63.5 millones de pesos –toda vez que la multa de 13 millones la absorben también PT y Convergencia– y los casi 38 millones al PAN deberán saldarse en seis meses a partir de que la sanción quede firme en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esto pone en riesgo la viabilidad financiera del PRD en momentos previos a la campaña, dijo Hernández, quien estimó que sólo el pago de esta multa implicaría la reducción de poco más de 30 por ciento de sus prerrogativas mensuales, a los que debe sumarse el pago de las otras sanciones que adeudan.
Entrevistado al respecto, Leonardo Valdés señaló que es un dictamen que ha aprobado la comisión de quejas, en la perspectiva que él propuso para apresurar los trabajos con la finalidad de que se cierren los casos más polémicos de 2006 antes de que empiece el nuevo proceso electoral.
A juicio del consejero, la aprobación el próximo lunes no polarizará el ambiente político en vísperas de que el siguiente viernes inicie el proceso electoral: “al contrario, la certeza que tenemos en el Consejo General es que si dejamos abiertos estos expedientes se pueden convertir en elementos de la próxima campaña electoral”.
De acuerdo con los proyectos presentados, existe un dictamen que agrupa las sanciones por el conjunto de acciones que emprendió la coalición Por el Bien de Todos después del 2 de julio, en especial el plantón de Reforma, la aprobación en Consejo Nacional del PRD de realizar acciones para impedir la protesta del nuevo presidente y la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, que impidió que Vicente Fox rindiera su último informe de gobierno.
Por lo que hace al PAN, los 38 millones corresponden a la sanción por la injerencia del entonces presidente Vicente Fox –“militante distinguido del PAN”– en la contienda, la remisión de un millón de tarjetas navideñas del entonces candidato Felipe Calderón y la difusión de dos promocionales en medios.
■ Impugnará ante el tribunal electoral
Multitud de voces, incluso de representantes del PAN, rechazaron ayer las multas que pretende imponer el Instituto Federal Electoral (IFE) al Frente Amplio Progresista (FAP), tanto por el plantón en la avenida Reforma y el Zócalo de la ciudad de México en 2006, como por la toma de las tribunas de las cámaras del Congreso en abril de este año. El PRD advirtió que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el IFE interpretó la legislación electoral y el FAP deberá pagar la multa, como le tocó (hacerlo) en otras ocasiones al tricolor.
El vocero del PRD en San Lázaro, Camerino Eleazar Márquez, calificó la eventual sanción de “desatino exagerado”, y el senador panista Ricardo García Cervantes consideró que el IFE se está “extralimitando”.
El legislador del blanquiazul precisó que el IFE está facultado para sancionar a los partidos, no a sus legisladores, y menos por actos cometidos en el Congreso.
De acuerdo con la información publicada por La Jornada el martes pasado, existe la intención del IFE de multar con 57 millones de pesos al PRD por los actos de protesta convocados en 2006 ante los resultados oficiales en la elección presidencial. A esto se sumarían 6.5 millones como parte de la multa de 13 millones de pesos con que se intenta sancionar al FAP por la toma de las tribunas legislativas para frenar la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón.
La dirigencia del PRD apuntó que el proyecto elaborado por la secretaría ejecutiva del IFE tiene un “sesgo absolutamente político” y es “exagerado, desmedido y absolutamente injusto”.
El dirigente Guadalupe Acosta Naranjo confió en que los consejeros revisen con detalle el documento para que “puedan desistirse de un pleito que van a perder ante el tribunal electoral”.
Admitió que de aprobarse la multa, “pondría en dificultades económicas muy grandes al partido”. No obstante, el secretario de Finanzas del PRD, Rigoberto Ávila, señaló: “cuando se dé, veremos qué hacer; no estamos desprotegidos. El partido está haciendo frente a sus compromisos y tratamos de manejarnos con nuestros recursos y presupuesto”.
Diputados de izquierda alertaron que de hacerse efectiva la multa se provocaría crispación política por el mensaje implícito de que las autoridades electorales obedecen a consignas de la administración de Calderón para “avasallar por todos lados el movimiento de protesta democrática contra su gobierno y evidenciar que la oposición política sustenta sus acciones en la violación permanente de la ley”, resaltó el diputado por Convergencia, José Manuel del Río Virgen.
El senador perredista Carlos Navarrete demandó que los consejeros reconsideren su postura, ya que se requiere un árbitro ponderado, equilibrado, sin abrir expedientes que sólo crispan más la situación política del país.
En el estado de México, el coordinador del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que el IFE carece de facultades para sancionar actos del Congreso.