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■ Advierten legisladores sobre el desgaste que sufren las fuerzas armadas al enfrentar al narco

Mouriño cosecha andanada de críticas de todas las fuerzas políticas en el Senado

■ Labastida Ochoa: no se regateará el apoyo al gobierno, pero el respaldo no será incondicional

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Pese a cuestionamientos de senadores de todas las fuerzas políticas, incluido el PAN, sobre el desgaste al que se ha sometido a las fuerzas armadas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, defendió la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, ya que, argumentó, la presencia militar es importante para frenar a las bandas criminales que están desafiando y disputando el territorio al Estado mexicano.

Al comparecer durante casi cuatro horas antes comisiones del Senado para la glosa del segundo Informe presidencial, Mouriño recibió severas críticas de la oposición sobre la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada. El perredista Ricardo Monreal le preguntó si no debería renunciar “por dignidad”, ya que en la dependencia a su cargo no hay resultados, interlocución, ni oficio.

“¿No les da pena tener al país como está?”, insistió el perredista, mientras el senador priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que el gobierno ha reconocido, pero no solucionado, “el grave problema de delincuencia y de impunidad que se vive”.

Ambos expresaron preocupación por la insistencia gubernamental de militarizar el combate a las bandas criminales. Con ellos coincidió el senador panista Ricardo García Cervantes, quien alertó: “Nuestras fuerzas armadas tienen otras funciones y el desgaste a que se les somete puede ser grave para el país”.

Subrayó que no se puede sustituir “las incapacidades civiles con la participación de nuestras fuerzas armadas, que están diseñadas, formadas y capacitadas para otras funciones”. Demandó que ya sea a mediano o corto plazos, en la medida en que se pueda ir recuperando la capacidad de las autoridades, se libere al Ejército de ese desgaste.

Labastida Ochoa manifestó que al PRI le preocupa que “al Ejército se les están cargando algunas tareas en las cuales ha tenido, desde luego, muchos éxitos, pero también donde están teniendo problemas”.

El ex secretario de Gobernación se refirió a cateos realizados por militares en la casa de la viuda de Manuel Clouthier y de Jorge del Rincón, “uno de los distinguidos militantes de mayor prosapia del PAN”. Obviamente, dijo, no hubo el mínimo trabajo de investigación en esas acciones, y pidió “no someter al Ejército a una tarea de desgaste político. Fortalezcamos las tareas de inteligencia, para que no se deteriore la imagen de una institución que es una de las más grandes que tenemos en el país”.

Ante la insistencia de los legisladores, Mouriño respondió que coincide con ese objetivo de fortalecer a las instituciones, para que sean las policías municipales, estatales y federales las que se hagan cargo de manera cotidiana de la lucha contra el hampa.

También debió responder a muchas más críticas, como la formulada por el senador priísta Fernando Castro Trenti, quien resaltó que a más de 20 meses de la administración de Calderón los problemas se agravan sin que haya coordinación ni resultados, y le preguntó si saben o no cómo resolverlos.

El funcionario sostuvo que el gobierno federal no es triunfalista, y defendió la estrategia federal contra la inseguridad, ya que, aseguró, le está pegando al narcotráfico, donde más le duele, que “es en el bolsillo”. Incluso sostuvo que ha habido resultados sin precedente en el desmantelamiento de redes financieras y se refirió al segundo decomiso más importante de dinero en efectivo en la historia del país: 26 millones de dólares incautados al cártel de Sinaloa.

Anunció que la PGR y la Secretaría de Hacienda presentarán ante el consejo de seguridad una estrategia específica para combatir el lavado de dinero.

Tanto Monreal como su compañero de partido Juan Ignacio García Zalvidea inquirieron al titular de Gobernación sobre la decisión del Ejecutivo de trasladar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación a la Secretaría de Seguridad Pública.

Hicieron notar que eso contraviene lo establecido en el artículo 21 constitucional, en el cual se indica que el mando de las policías estará bajo el cargo del Ministerio Público Federal, es decir, de la PGR, y le preguntaron si está consciente de esa violación.

Mouriño evadió dar una respuesta directa y sólo se refirió al artículo primero de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

Otra de las inquietudes expresadas por los legisladores fue en torno al reciente motín en el penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California. El priísta Castro Trenti lo calificó de un crimen de Estado, y el funcionario contestó que esperarán los resultados de las investigaciones.

Aunque Mouriño informó que los muertos en ese penal fueron 23 y hay tres funcionarios públicos a disposición del Ministerio Público, tanto Monreal como Trenti refutaron los datos.

Al final, tanto priístas como perredistas dejaron en claro que están dispuestos a legislar, pero el gobierno debe hacer su parte. “No estamos en el plan de escatimar ni regatear los apoyos que se necesiten para que la lucha contra la violencia prospere, pero tampoco estamos en el plan de apoyar incondicionalmente cualquier propuesta”, advirtió Labastida Ochoa.

 
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