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■ Al cuantioso dinero asignado correspondieron pobres resultados

La investigación de la Femospp sobre el 68, un rotundo fracaso

■ Defensores de los derechos humanos hacen un balance de la fiscalía

José Antonio Román

El trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no sólo fue limitado y sin consecuencias para alcanzar la justicia en el caso de la matanza de Tlatelolco, sino que terminó siendo más benéfico para el gobierno, pues sólo dio la impresión de querer atender la demanda de justicia, señaló el secretario de la Red Nacional de Organización Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Édgar Cortez.

En tanto, el director de comunicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Alejandro Juárez Zepeda, consideró que pese a los grandes recursos económicos que recibió para su funcionamiento, la fiscalía fracasó en todos los sentidos.

Recordó que las expectativas de transición democrática en el gobierno anterior abrigaron muchas expectativas ante la posibilidad de saber qué ocurrió finalmente durante años de autoritarismo, crímenes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. “Sin embargo, vimos –con el transcurso del tiempo y de su trabajo– cómo se desmoronaban estas expectativas”, apuntó.

Juárez Zepeda consideró que en realidad la fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto “nació viciada de origen”, pues tenía una doble encomienda: por una parte, hacer un esfuerzo histórico para conocer la verdad de lo que ocurrió en esos años de la guerra sucia, y por el otro, llevar ante la justicia a los responsables. “En otras parte del mundo ha quedado demostrado que esta doble función regularmente no entrega buenos resultados”, dijo el director de la CMDPDH.

Por si fuera poco, mencionó, la fiscalía cerró al final del gobierno de Vicente Fox sin entregar cuentas a nadie, con un informe que no tuvo el logotipo gubernamental, aunque dependía de la PGR, y la sociedad mexicana no sólo vio violado su derecho de saber la verdad, sino de que se hiciera justicia. Pese a que fueron más de 300 las desapariciones forzadas, consigna apenas dos o tres, y sólo se dio con el paradero de –cuando más– tres restos humanos, sin descontar que el informe fue mutilado.

Edgar Cortez insistió en que dicho informe nunca se asumió como un documento oficial, lo cual generó algunas consecuencias. Lo ocurrido, añadió, es preocupante, porque el tema del ejercicio del derecho a la verdad queda pendiente, y por ello no puede haber un proceso social de reconciliación con el pasado por medio de la justicia y de la reparación del daño a las víctimas.

“Pero nada de eso sucedió en el país con la fiscalía”, subrayó el activista por los derechos humanos, quien aseguró que esa instancia quedó muy lejos de satisfacer las expectativas que se habían planteado, “y ese trabajo termina siendo más benéfico para el gobierno foxista, porque aparentó que en realidad había un compromiso de investigar y hacer justicia por los crímenes del pasado.

“Al final de cuentas eso sucede con este intento fallido, que termina postergando las posibilidades de la justicia”, insistió Édgar Cortez.

 
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