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■ La Suprema Corte invadió esfera del Poder Legislativo, señalan

Senadores censuran resolución que dio entrada a recurso en materia comicial

Víctor Ballinas y Ciro Pérez Silva

Ampliar la imagen Los legisladores Carlos Navarrete y Ricardo García Cervantes durante la sesión en el Senado en la que tres bancadas señalaron que la Suprema Corte se excedió al ordenar a un juez admitir un amparo contra la reforma constitucional en materia electoral Los legisladores Carlos Navarrete y Ricardo García Cervantes durante la sesión en el Senado en la que tres bancadas señalaron que la Suprema Corte se excedió al ordenar a un juez admitir un amparo contra la reforma constitucional en materia electoral Foto: Guillermo Sologuren

El Senado se inconformó ayer con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar a un juez admitir un amparo contra la reforma constitucional en materia electoral.

Desde tribuna, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron “en defensa de las facultades del Senado ante la pretensión de la Corte de invadir la esfera de competencia del Poder Legislativo”.

Fue el panista Ricardo García Cervantes quien propuso a la mesa directiva y al pleno que el presidente del Senado “designe de inmediato a los representantes jurídicos, otorgándoles los poderes necesarios, para atender ante los tribunales los juicios que motivaron la resolución de la Suprema Corte de solicitarle a un juez darle entrada a un amparo interpuesto por el Centro Empresarial de Jalisco, sindicato patronal, contra actos del Congreso de la Unión”.

PAN, PRD y PRI destacaron, en intervenciones por separado que con ese fallo –del pasado lunes– la Corte se excedió, “y hay que combatirlo jurídicamente”.

Sostuvieron que “no es a través del juicio de amparo como se deben revisar reformas constitucionales. El único poder que puede reformar la Constitución es el constituyente permanente”.

Fue el primer punto de debate, por tratarse, argumentaron las tres bancadas, de un asunto de la mayor importancia para el Senado, ante la pretensión del Poder Judicial “de invadir la esfera” del Legislativo.

Para dejar en claro que el único que pueden reformar la Constitución es el poder constituyente –el Congreso de la Unión y los congresos de los estados–, el PAN presentó ayer una iniciativa de reforma al artículo 107 y 135 de la Carta Magna para establecer con precisión que el juicio de amparo no procede en el caso de reformas a la misma.

El priísta Francisco Arroyo Vieyra resaltó: “no queremos faltarle al respeto a los ministros de la Corte, simplemente debatir con ellos un asunto de óptica y preguntarles: ¿es constitucional lo que está en la Constitución? Yo opino que sí”.

Por su parte el PRD, en voz de Tomás Torres, sostuvo que “no hay que dramatizar, pero es importante considerar que hubo pronunciamientos preliminares; sería del mayor riesgo jurídico y del mayor riesgo político que la Corte diga no sólo que puede examinar cuestiones de forma en el proceso legislativo de reforma constitucional, sino que se pronuncie en el sentido de que dichas reformas producidas en el Congreso violan algún derecho fundamental. Eso es lo grave”.

El perredista pidió que “el Senado responda en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; es decir, que por simple oficio se nombren delegados para que concurran ante los jueces, y no nos vean como oficiosos; es decir, enviar el expediente completo antes de que nos sea solicitado”.

El panista Santiago Creel también fue a la tribuna para subrayar que “lo que está en juego es contestar la pregunta: ¿puede ir la Constitución en contra de ella misma? Y la respuesta constitucional –dijo– es muy clara: el poder revisor de la Constitución es el que tiene la última palabra en materia constitucional; no es la Suprema Corte. Por supuesto que ella es la que interpreta y tiene la última palabra, pero no en reformas constitucionales”.

Añadió que es “por una simple y sencilla razón: porque el Constituyente Permanente se integra (por) las cámaras locales y del Congreso de la Unión, con diputados y senadores votados directamente en la urna, y por eso es un poder constituyente y no uno constituido, como la Corte”.

El priísta Jesús Murillo Karam dejó en claro la posición de su partido: “La verificación del procedimiento nos parece correcta. Pero me sumo al planteamiento del senador Ricardo García Cervantes de clarificar en la Constitución cuál es el papel de cada uno de los poderes, cuáles son los límites que tiene la Corte y cuáles el Poder Legislativo”.

Desde su escaño, García Cervantes le preguntó si “el juicio de amparo es el medio adecuado para la revisión del procedimiento constitucional de la reforma”.

–El procedimiento adecuado –respondió el priísta– tendría que ser con el órgano único que puede determinarlo, y éste es la propia Corte, no puede ser un juez; en consecuencia, no es el procedimiento correcto.

García Cervantes pidió que se turnara a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Reglamento y Prácticas Parlamentarias la versión estenográfica completa del debate de la Corte sobre este punto para su análisis y respuesta posterior, y el perredista Tomás Torres pidió también que se turnara a la Comisión de Justicia.

 
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