■ Se obliga a que los estados asignen recursos a proyectos para el sector
Aprueban reformas para reforzar la prevención de maltrato a las mujeres
La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con objeto de reforzar las acciones de prevención de las agresiones y ejercer mayor control institucional en distintas áreas de gobierno para evitar, por ejemplo, la trata de personas y el acoso o discriminación en el trabajo.
La modificación, aprobada por unanimidad con 252 votos, adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la citada ley para agilizar la declaración de alerta de violencia de género y ésta se realice en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
“A pesar de que la violencia feminicida está en muchos de los rincones del país, actualmente el procedimiento administrativo es sumamente largo y complejo, por lo que es fundamental que la declaratoria se haga en menor tiempo y que se den respuestas rápidas y eficaces para proteger a las mujeres”, expuso en tribuna la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras.
Asimismo, se adicionan ocho fracciones al artículo 36, para incluir como integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia a las secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo, entre otras, debido a que el maltrato a mujeres también se da en la trata de personas en México y en la agresión en los centros laborales.
Asimismo, la reforma adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la ley, para que la información concentrada en el Banco Nacional de Datos, que opera la Secretaría de Seguridad Pública, permita generar diagnósticos de la violencia de género y aporte no sólo estadísticas, sino datos concretos de agresiones en todo el país.
Finalmente, se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 49, para que los gobiernos de los estados propongan a los congresos la asignación de los recursos necesarios para la operación de las leyes estatales relativas al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se trata, dijo Maricela Contreras, de que se obligue a los estados a otorgar partidas presupuestales a los proyectos destinados al sector y para que las legislaciones locales se cumplan y “no sean letra muerta”.