■ En sesión solemne, el IFE pone en marcha el proceso electoral del año próximo

Temen partidos injerencia del crimen organizado en los comicios de 2009

■ Llama Leonardo Valdés a grupos políticos a hacer uso responsable de la libertad de expresión

Alonso Urrutia

Bajo el estigma de la posible injerencia del crimen organizado en las campañas, advertido por las principales fuerzas políticas, el Instituto Federal Electoral, en sesión solemne, dio inicio al proceso electoral del año próximo. En este contexto, el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés, resumió dos de los grandes obstáculos a superar en los comicios de 2009: la falta de participación ciudadana y el déficit de gobernabilidad que hay en el país.

Con matices, los partidos mostraron su preocupación central, el entorno de creciente presencia del crimen organizado. Dinero ilícito y abstencionismo son los riesgos que se deben atender, resumió el panista Roberto Gil; hay una crisis de inseguridad que provoca una amenaza de las bandas del crimen organizado en la campaña, advirtió el perredista Rafael Hernández; es preciso ser intransigentes ante la posibilidad de que el crimen organizado se entrometa en las decisiones políticas, aseveró el priísta Sebastián Lerdo de Tejada.

La sesión inaugural del proceso electoral 2008-2009, en la que se aprobaron los formatos de boletas y la estrategia de capacitación y asistencia inaugural, sirvió de marco para la diplomática ratificación de buenos propósitos de los partidos y la convocatoria de Valdés para que éstos hagan uso responsable de la libertad de expresión.

“Exhorto a los partidos a conducirse bajo el principio de legalidad y llevar a cabo campañas alejadas de la ofensa y de aquellas conductas que generen división y encono en la sociedad”, dijo Valdés, quien los convocó a utilizar la persuasión y el convencimiento para obtener los votos.

Valdés consideró que la democracia mexicana requiere la conformación de un “frente común” entre gobierno, partidos, ciudadanos y el IFE “para hacer frente a las condiciones adversas que vive nuestra sociedad”. Insistió en que en el derecho de libre expresión existen restricciones de ley que no constituyen factores de censura pero que sí contribuyen a elevar el debate político.

Entre la violencia y las turbulencias económicas

Fue la única voz de los consejeros electorales que se escuchó en la sesión del Consejo General, ninguno más habló, sólo los partidos; el PRI aprovechó el foro para entremezclar sus parabienes por el nuevo proceso electoral con las censuras y advertencias al régimen.

Lerdo de Tejada fue más allá en la contextualización del proceso, que no sólo ubicó dentro de una difícil situación de seguridad, sino también citó las turbulencias económicas que afectan al país. “El gobierno conservador no ha dado respuesta a una realidad económica, que será todavía más grave ante la pérdida de recursos derivada de la caída del precio del petróleo”.

Y añadió: “los equilibrios políticos del país se mantienen lamentablemente desdibujados y la derecha no atina a cómo conducir la nave en la que vamos todos. Hay tormenta, pero no hay timón y pareciera que el capítán ha perdido el rumbo”. Fue su preámbulo antes de lanzar la exigencia priísta para que el Presidente y todo el gobierno federal saquen las manos del proceso electoral y no manipulen los programas sociales.

El perredista Rafael Hernández describió, a su manera, el entorno adverso de las elecciones: hay una crisis política no resuelta; hay otra, económica, derivada del desgaste del modelo neoliberal que no atiende los problemas de pobreza en el país, y la situación crítica de inseguridad es el contexto en el cual el crimen organizado puede interferir en los comicios “con su fuerza económica, financiera o, inclusive, con amenazas y agresiones contra candidatos o dirigentes políticos”.

A su vez, el panista Roberto Gil aprovechó el espacio para abundar en la propuesta de su partido para alcanzar un acuerdo de 10 puntos para blindar el proceso electoral frente a los riesgos de interferencia del crimen organizado, pues “está en juego la capacidad del Estado, no de un gobierno en lo particular, para cumplir con su razón de ser y con su misión de generar un entorno de seguridad pública y jurídica que permita el libre desarrollo de las personas”.

Gil dijo que la propuesta es para fortalecer la fiscalización a los partidos en campañas y precampañas mediante acciones de transparencia de los patrimonios e intereses de los precandidatos, candidatos y dirigentes. Se trata de reglas que aprovechen “los circuitos de inteligencia, la información y la capacidad de reacción de las instancias de seguridad nacional”, pues en la seguridad no puede prevalecer la razón de partido, sino la de Estado.

Durante la sesión se aprobó el formato de boletas que se utilizarán en las elecciones de 2009, aunque se determinó revisar el correspondiente a las actas de casilla para incorporarle elementos que faciliten a los funcionarios su uso y ampliar las garantías a los partidos.