Usted está aquí: martes 7 de octubre de 2008 Política La ciudadanía no confía en que el estado de derecho garantice su bienestar, admite la SG

■ Cabeza de Vaca: “la población percibe que las leyes se utilizan para defender a poderosos”

La ciudadanía no confía en que el estado de derecho garantice su bienestar, admite la SG

Ciro Pérez Silva

Ampliar la imagen Daniel Cabeza de Vaca asegura que el único antídoto contra la impunidad es la cultura de la legalidad Daniel Cabeza de Vaca asegura que el único antídoto contra la impunidad es la cultura de la legalidad Foto: María Luisa Severiano

En México no son necesarias las estadísticas para saber que los ciudadanos no confían en que el estado de derecho pueda garantizarles su bienestar, reconoció el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Daniel Cabeza de Vaca, quien sostuvo además que el único antídoto que existe contra la impunidad es la cultura de la legalidad.

Al inaugurar el primer Congreso Internacional Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado Democrático de Derecho, en la sede de la SG, Cabeza de Vaca apuntó que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2005 revela que 59 por ciento de la población percibe que las leyes en nuestro país se utilizan para defender los intereses de gente poderosa o como simple excusa para cometer arbitrariedades.

“Ése es el tamaño del reto que enfrentamos todos los mexicanos y en especial quienes trabajamos para esta administración federal”, indicó el funcionario ante una audiencia que colmó la explanada de la dependencia, donde aseguró que por esa razón “se han establecido como objetivos fundamentales en el plan nacional, fomentar la cultura de la legalidad, garantizar la certeza jurídica y fortalecer el sistema de justicia en general”.

En dicho plan, agregó, se delinean tres estrategias básicas para corregir aquello que nos  impacta negativamente. La primera es reducir el grado de discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas.

La segunda estrategia consiste en hacer más eficiente y profesional la defensoría de oficio, así como extender su cobertura, y la tercera es combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición de justicia, para ofrecer condiciones equitativas en la solución de disputas.

Recordó que dentro de este contexto, en fechas recientes el gobierno federal invitó a la sociedad y sus autoridades “a comprometerse por México, en un gran acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad, cuyos objetivos y estrategias requieren necesariamente de la colaboración y el compromiso de todos”.

Al inicio de su intervención citó a Paolo Flores d’Arcais, uno de los principales impulsores del movimiento cívico italiano llamado los girotondi, que en 2002 intentó impulsar los valores de democracia y legalidad que, a su juicio, corrían peligro por el gobierno de Silvio Berlusconi, al señalar que “…una política de legalidad es hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables…”. Más tarde recurrió a otra cita, del también italiano Leoluca Orlando, ex alcalde de la ciudad de Palermo, al señalar que “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.

En 2005, Leoluca Orlando aseguró que “México tiene un problema, el de la ilegalidad, de la corrupción, de la criminalidad...”, y ayer el funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que “otros problemas muy graves pueden ser resueltos también con la contribución y el compromiso de todos”.

Para ello, dijo Cabeza de Vaca, “es indispensable informarnos e informar a la sociedad. La información jurídica debe ser pública y accesible, sin restricciones, garantizada por el Estado, conforme al mandato constitucional en la materia. Es, por tanto, necesario abrir espacios de difusión legal, tanto del orden jurídico como del pensamiento y la doctrina de los juristas”.

Ésta es la pretensión del congreso que inició ayer, en el que participarán, entre otros, Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México; Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, director general de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, de la SG; Úrsula Zurita Rivera, coordinadora de una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Francisco Javier Rivas Rodríguez, del Centro de Cultura de la Legalidad del gobierno de Baja California.

Entre los temas del congreso destacan: Cultura de la legalidad e identidad personal; Motivación fáctica en la sentencia judicial; Prueba y verdad en el derecho; Las organizaciones profesionales como garantes de la legalidad; Reforma laboral, productividad y nivel de vida, y La cultura de la legalidad en la Revolución de Independencia.

 
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