■ Acusan al gobierno estatal de apoyar construcción de residencias
Labriegos de NL reclaman tierras expropiadas durante el porfiriato
Monterrey, NL, 7 de octubre. Un grupo de campesinos y ex mineros del Mineral de San Pedro y San Pablo, paraje ubicado en el sur de esta ciudad, se manifestaron ante el palacio de gobierno para exigir que les devuelvan 751 hectáreas de las cuales se despojó a sus ancestros durante el gobierno de Porfirio Díaz para entregarlas a un particular, cuyos descedientes pretenden construir fraccionamientos de lujo junto al club hípico La Silla.
En nombre de 187 personas que reclaman sus derechos ante el Tribunal Agrario, Patricia Canizales dijo que la demanda de los labriegos se basa en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que declara nulas todas las enajenaciones de tierras comunales ordenadas por jefes políticos o autoridades federales, estatales o municipales.
Comentó que el 8 de septiembre de 1970 sesenta familias mineras fueron desalojadas de las tierras donde vivieron desde la Colonia. Porfirio Díaz declaró que los predios en disputa eran terrenos baldíos y, consecuentemente, propiedad de la Nación, por lo cual los vendió a particulares, quienes permitieron a los mineros y a sus familias permanecer ahí.
Años después las tierras fueron adquiridas por la Compañía Minera El Diente, cuyos herederos, encabezados por Patricia Villarreal Bell, planean construir un fraccionamiento residencial, para lo cual ya tienen permisos municipales y estatales, pese a que los terrenos están en litigio, expusieron los denunciantes.
Acusaron al gobernador José Natividad González Parás y al secretario general de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz, de apoyar a la familia Villarreal Bell, y señalaron que un hermano del segundo funcionario es asesor legal de Patricia Villarreal, quien afirma ser propietaria, lo que implica conflicto de intereses. Señalaron que una prueba del apoyo del gobierno del estado a la familia Villarreal Bell es que policías de seguridad pública les impiden pasar a las propiedades.
En julio de 2004 los quejosos iniciaron ante el Tribunal Unitario Agrario de distrito número 20, con sede en Monterrey, un juicio para exigir la restitución de tierras.