León Bendesky
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El plan anticrisis

Una reacción explícita del gobierno ante la crisis financiera internacional es, sin duda, necesaria. La economía mexicana es altamente dependiente de la de Estados Unidos y no es inmune a los efectos adversos de la convulsión que afecta a los mercados de dinero y capitales y, también, a la actividad productiva en ese país y que se extiende en el resto del mundo.

Esta economía no parece hoy tan vulnerable ante los acontecimientos externos, como ocurrió en ocasiones anteriores. Pero tampoco se puede pensar que está a salvo. La noción de blindaje a la que tanto recurren los funcionarios del gobierno es bastante laxa y puede resquebrajarse rápidamente. La prevención, en la medida en que puede hacerse en las condiciones que hoy prevalecen, es una medida políticamente razonable.

Dijeron bien Carstens y Ortiz refiriéndose a las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio que ellas obedecen a los movimientos de los mercados que forman parte de eventos extraordinarios.

¡Por supuesto que estamos ante eventos extraordinarios! No hace falta más que seguir a diario la crónica de las quiebras de bancos, aseguradoras e hipotecarias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Alemana o Islandia; seguir las caídas cotidianas de las bolsas de valores en todas partes, y darse cuenta de la fragilidad de las mayores empresas productivas que tienen que enfrentar vencimientos de deuda que no pueden financiar. O bien, advertir las enormes cantidades de dinero que usan los bancos centrales para evitar que se sequen por completo los mercados de crédito sin lograr estabilizarlos.

La gente que tiene dinero sólo quiere algo de seguridad ante la gran incertidumbre que predomina en los países de todas las latitudes. Por ello se refugian en los títulos del gobierno, que son prácticamente depósitos en efectivo, especialmente y aunque parezca paradójico, el de Estados Unidos y que pagan ahora una tasa de interés ínfima y muy por debajo de la inflación.

A pesar de las grandes intervenciones de los gobiernos en los mercados financieros, la caída no se frena, el bien más escaso es la confianza y nadie puede ofrecerla. Los precios de prácticamente todos los bienes caen e incluso muchos de los títulos de deuda hoy no tienen precio. No se compran ni se venden. No hay crédito y las empresas no pueden financiar su producción y están al borde de no poder pagar sus nóminas.

El proceso no es nuevo, lleva cuando menos un año en que se expresa de manera cada vez más evidente. Pero en México, hasta hace sólo pocos días, en el gobierno no se reconocía la necesidad de intervenir. Es más: parecía despistado, como pudo verse en la propuesta de presupuesto que llevó al Congreso hace un mes.

Pero las evidencias son claras. Las remesas de los trabajadores en Estados Unidos caen de manera abrupta y será difícil restablecerlas en el corto plazo; el precio del petróleo se reduce, las exportaciones de autos y autopartes disminuirán ante la caída de las ventas en Estados Unidos, que en el mes de septiembre fue mayor de 30 por ciento; el gasto de los turistas que ingresan al país será menor.

El ritmo de la actividad productiva será más apocado. Este año se puede estimar que la tasa de crecimiento del producto sea sólo de 1.8 por ciento y de 0.5 en 2009. Esto quiere decir que se generará menos empleo y caerán el consumo y la inversión privada. Estas cifras dependerán de la profundidad y la extensión de la recesión estadunidense, lo cual, hoy, es imposible predecir.

En este entorno de incertidumbre y fuertes desajustes de los mercados no sabemos cuál será la magnitud de la repercusión en la economía nacional. No se sabe la fragilidad que puedan tener los bancos y otras instituciones financieras o algunas empresas productivas y comerciales debido a su endeudamiento. La transmisión de los efectos de la crisis no se advierte aún en su totalidad y los canales en que ésta se puede dar son muy diversos.

La economía mexicana tiene, más allá de los signos macroeconómicos, condiciones de debilidad, sobre todo en cuanto a los motores internos del crecimiento económico. Los cinco puntos que propuso ayer el gobierno para enfrentar los embates de la crisis apuntan en la dirección de usar el gasto público para generar demanda interna, reforzar la infraestructura física y la capacidad de refinación de petróleo. Estas acciones se debieron tomar cuando se inició esta administración. Su impacto en las condiciones actuales parecen desfasadas y no se va a ajustar a las repercusiones adversas de los choques provocados desde fuera.

Las medidas de apoyo extraordinario a las pequeñas y medianas empresas tendrán que apuntar a soportar su capacidad de supervivencia y, para ello, deben definirse de modo preciso en cuanto a su alcance, a los recursos que se asignen y a la manera en que lo reciban y lo usen los beneficiarios. Estos programas se han aplicado en la Secretaría de Economía desde hace años y no es claro en qué diferirán en este caso.

La productividad de las actividades económicas, que es la que define en última instancia su capacidad competitiva en los mercados mundiales, es un tema muy manoseado y en el que ha habido pocos avances concretos. No es fácil establecer nuevos programas de desregulación y desgravación arancelaria para alcanzar una mayor productividad general del sistema económico en medio de una crisis como ésta, y menos aún en un plazo que sea efectivo para enfrentarla.

Al mismo tiempo que se lanza este plan anticrisis, se está revisando la propuesta de presupuesto para 2009. Las condiciones para hacer la planeación hacendaria han cambiado de manera drástica en las últimas tres semanas. No se puede eludir el hecho de que las tendencias observadas en el pasado –y que usualmente sirven de base para las proyecciones de los requerimientos de inversión y la capacidad de recaudación– se han esfumado.

El ejercicio presupuestal y cualquier plan de intervención ante la crisis debe hacerse en el marco de la incertidumbre. Este es ya otro juego, otro modo de operar y requiere de distintos recursos técnicos y de templanza política. La apertura y la transparencia de las autoridades fiscales y monetarias del país es un elemento clave para generar un mínimo de confianza entre quienes invierten, antes de que se llegue a la situación en que la búsqueda de satisfacer el interés individual provoque, otra vez, una calamidad colectiva.

La protección del empleo y del ingreso de las familias es indispensable en las condiciones vigentes dentro del país y ante los eventos extraordinarios que provienen de fuera, como dicen nuestros técnicos. Mantener la confianza de los depositantes en los bancos es también un requisito para evitar corridas innecesarias en demanda de liquidez ante la pérdida de confianza. Igualmente, se tiene que regular a los bancos extranjeros para evitar la salida masiva de recursos del sistema financiero a sus oficinas matrices.

El plan del gobierno no parece suficiente. Junto con el nuevo presupuesto son las herramientas con las que cuenta para contener en cierta medida la irrupción de una crisis. Hacienda deberá movilizar los recursos públicos en su uso más eficaz para prevenir una fuerte caída del producto y el empleo. El banco central no puede errar en el manejo de las reservas internacionales para prevenir una debacle cambiaria y, junto con las tasas de interés, buscar la menor inestabilidad financiera posible.

No debe sobrestimarse la capacidad de resistencia de esta economía; mejor pecar de sensato y prevenido. Y, sobre todo, mantener a la gente informada de las condiciones reales, tal como se van generando, así como de lo que se quiere hacer. El grado de confianza que hoy aún existe se puede esfumar en un tris.