■ Se busca proteger vidas y bienes de ciudadanos, dice la iniciativa
Chiapas: proponen regular el uso de la fuerza en desalojos
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El gobernador de Chiapas, Juan Sabines, envió ayer al Congreso del estado una iniciativa de ley para regular el uso de la fuerza pública en desalojos, a fin de evitar abusos. En la imagen, algunos de los 36 campesinos liberados luego del operativo del 3 de octubre en Chincultik, municipio de La Trinitaria, en el que participaron la Policía Federal Preventiva, la ministerial y la estatal preventiva, que terminó con un saldo de seis campesinos muertos a manos de los uniformados
Foto: Moysés Zúñiga santiago
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de octubre. El gobernador Juan Sabines Guerrero envió al Congreso local una iniciativa de ley en la cual propone un protocolo para el uso de la fuerza pública en desalojos. Dichas normas serían obligatorias para policías estatales y con él se busca garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, su vida y sus bienes.
El documento explica que se busca evitar hechos como los ocurridos el 3 de octubre en la zona arqueológica de Chincultik, en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, donde policías estatales habrían matado a seis campesinos.
El Ejecutivo ofreció en su iniciativa hacer un recuento de otros desalojos “en los que policías estatales se excedieron en sus facultades”, como habría ocurrido en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997; Unión Progreso, Chavajeval y Álvaro Obregón, en junio de 1998, y Tres Cruces, San Juan Chamula, en enero de 2003.
La propuesta, que consta de 11 artículos permanentes y cinco transitorios, señala el procedimiento a seguir para expulsar a personas que ocupen ilegítimamente alguna propiedad o vías de comunicación.
Señala que las corporaciones policiacas participarán en desalojos sólo a petición de un juez, agente del Ministerio Público u otra autoridad facultada para emitir la orden.
Antes de llegar a esta medida, aclara, se deben agotar los medios de conciliación entre las partes, lo cual deberá certificar un “consejo de validación de desalojos”, también propuesto en la iniciativa, el cual estaría integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ministerio de Justicia y representantes de la persona o institución que pida el desalojo.
De aprobarse la operación, se nombrará a un responsable que deberá observar que se apliquen procedimientos que reduzcan al mínimo el uso de la fuerza, garanticen la protección de las personas y los bienes de los afectados.
El protocolo señala que antes de la acción se deberán preparar campamentos o lugares apropiados para reubicar a mujeres, niños, discapacitados y ancianos.
También se deberá hacer un estudio previo sobre las personas a desalojar, a fin de identificar mujeres embarazadas, menores de edad y otras personas que puedan estar en riesgo. Se invitará por escrito a la Comisión de Derechos Humanos del estado para que verifique la operación, y a la Cruz Roja para que atienda cualquier emergencia.
En cuanto a los cuerpos policiacos que participen en las operaciones, el protocolo indica que se les deberá aplicar un examen toxicológico previo y que los uniformados “no podrán portar ningún tipo de arma de fuego, punzocortantes ni gases tóxicos”. El desalojo, añade, deberá filmarse de principio a fin.
Finalmente, estipula que los cuerpos policiacos estatales están obligados a cumplir el protocolo, aun cuando los operativos sean coordinados por autoridades federales.
El artículo cuarto transitorio prevé que si se viola el protocolo y hay civiles muertos o heridos el gobierno estatal indemnizará a los deudos conforme a las leyes y tratados que México ha suscrito.
El Congreso local dio entrada a esta iniciativa de ley, y se espera que convoque a una sesión extraordinaria para analizarla.