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■ Se le encausa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a mediados de los años 90

Comienza juicio oral público a Carlos Menem con la ausencia del ex presidente argentino

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 16 de octubre. El esperado juicio oral y público por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a mediados de los años 90, que violó normas internacionales, comenzó hoy aquí con la ausencia del más conocido de los acusados, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), actual senador por la provincia de La Rioja, quien se excusó por razones de salud.

Éste es el primer juicio en que se procesa a un ex jefe de Estado electo, que en este caso se mantuvo durante una década en el poder mediante relección.

El secretario del Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres, Eduardo Botello, advirtió que el ex mandatario no se presentó pese a haber sido debidamente notificado. Los magistrados no dieron lugar a la solicitud de los abogados de Menem para suspender el juicio y destacaron que “la presencia (de los imputados) es obligatoria en las acusaciones”.

Menem deberá concurrir “obligatoriamente” cuando se dé lectura a la requisitoria fiscal sobre los delitos que se le imputan de “acuerdo al cronograma que determine el tribunal y al monitoreo sobre su estado de salud”.

El abogado Ricardo Monner Sans, denunciante en el tema de la venta ilegal de armas, recordó que su investigación empezó en 1995 al recibir en su despacho un sobre anónimo con copia de un decreto de enero de ese año en que se mencionaba la venta de armas supuestamente por pedido de Venezuela, y se advertía que en realidad esta solicitud era falsa.

Comenzó entonces por preguntar a Venezuela, que le confirmó que nunca existió esa solicitud, y desde allí comenzó su búsqueda hasta que se conoció por la prensa local que había armas pero no para Venezuela sino para Ecuador durante la llamada Guerra del Cóndor entre ese país y Perú, cuando Argentina era uno de los países garantes de la paz en el conflicto.

Monner Sanz presentó su denuncia el 15 de marzo de 1995, fecha en que cayó el helicóptero en el que murió Carlos Facundo Menem, hijo del ex mandatario, lo que fue atribuido por la madre del joven a un atentado, hecho que hasta hoy sigue en sombras.

Para el abogado –entrevistado entonces por este periódico– fue muy dura esa etapa ya que también ese año fue relecto Menem. Pese a que todo parecía estar en contra, las investigaciones continuaron.

Surgió entonces que existía otro decreto supuestamente para enviar armas a Panamá, país que no tenía ejército ya que había sufrido la invasión de Estados Unidos de final de diciembre de 1989.

En realidad las armas fueron a parar a Croacia, cuando también existía veda internacional (1991). Entonces el tema era uno de los grandes escándalos del gobierno menemista y las investigaciones llegaban a las puertas de los cuarteles, de funcionarios importantes y de traficantes internacionales.

Pero el colmo fue la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, en noviembre de 1995, que dejó casi una decena de muertos, heridos y gran destrucción. Todo esto, se sabe hoy, para borrar las huellas de los explosivos y armas que faltaban, muchas de las cuáles fueron vistas en Croacia.

Otro hecho grave que se liga a este caso es la caída de un helicóptero donde viajaban militares peruanos de visita aquí –que conocían a fondo la situación– y oficiales argentinos ligados al tema.

Hay 18 acusados por el delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, por siete embarques y tres envíos aéreos a esos países en guerra, a los cuales Argentina no podía proveer de ese material porque estaban bajo embargos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Menem firmó los tres decretos secretos.

Entre los imputados importantes está el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, quien dijo hoy que “no sabía” el destino de las armas; Juan Daniel Paulik, ex jefe de la fuerza aérea; Diego Emilio Palleros, ex militar y luego traficante de armas, a quien se sindica como autor de la venta ilegal; Luis Sarlenga, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, y otros ex funcionarios.

También en este caso hay una cantidad de testigos “suicidados” en extrañas circunstancias.

 
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