Economía Moral
■ Hacia una Nueva Economía Moral /II
■ El Ingreso Alimentario Ciudadano Universal (IACU) erradicaría el hambre
La propuesta de IACU como respuesta radical a una crisis radical, presentada en la entrega anterior (10/10/08) fue recibida con interés por varios lectores que me enviaron comentarios. Unos entusiastas, otros expresando dudas muy válidas que trataré de resolver a medida que profundice en la propuesta. Gracias a todos. Hoy preciso las cifras que di la semana pasada como mera ilustración. El IACU, por su carácter universal, cubriría no a 100 sino a 106.8 millones de personas que es la población del país a agosto de 2008, según las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Por otra parte, la cifra de 700 pesos por persona al mes para cubrir la necesidad alimentaria está desactualizada. Si tomamos la canasta alimentaria formulada para el medio urbano por el estudio INEGI-Cepal en 1992 (que es la que usó la Sedeso durante el sexenio pasado para medir la pobreza ‘alimentaria’ urbana), que es una canasta alimentaria razonablemente bien formulada, y actualizamos su costo persona/mes a agosto/2008, obtenemos la cifra de 941.83 pesos. Sin embargo, esto representa sólo el costo de los alimentos crudos, mientras el costo monetario de la alimentación debe incluir también el costo de los insumos, equipos e implementos requeridos para cocinarlos y consumirlos, de los cuales rubros como gas, estufa, refrigerador, comedor, son los más costosos. Naturalmente, en el caso de los bienes durables lo que se incluye es el costo anual de depreciación dada una estimación razonable de la duración del mismo. Aplicando la experiencia de Coplamar, estos gastos (sin incluir detergentes para el lavado de trastes, vajilla y cubiertos, ni el costo de transporte para realizar las compras de alimentos), representan el 10.2 por ciento del costo de los alimentos crudos. Al adicionar este costo, el IACU requerido llega a 1,037.90 pesos por persona/mes. Por carecer de base de sustento y por tratar a los habitantes del campo como ciudadanos de segunda, es necesario desechar la diferencia entre el medio urbano y el rural de INEGI-Cepal (utilizada también por Sedeso) que minimiza las necesidades de los habitantes rurales y, sin base alguna, supone que pagan precios más bajos por los alimentos, lo que lleva a que el costo de la canasta rural sea sólo el 73.9 por ciento de la urbana (la rural costaría hoy 767 pesos). Por tanto, adopto el cálculo del costo urbano del IACU como válido para todo el país.
El presupuesto requerido para otorgar a cada una de las 106.8 millones de personas residentes en el país 1,037.9 pesos mensuales por concepto de IACU, que habría sido establecido en la Ley Reglamentaria del Derecho Constitucional a la Alimentación (por aprobarse todavía), sería de 110.9 miles de millones de pesos mensuales y 1.33 billones de pesos anuales. Por ser una cifra absoluta muy alta, conviene ubicarla en relación a algunas magnitudes macroeconómicas y de finanzas públicas. Según el portal electrónico del INEGI, el PIB generado en el segundo trimestre de 2008 equivale a un PIB anual de 12.25 billones de pesos. Es decir, el IACU equivaldría a 10.9 por ciento del PIB. No parece un costo excesivo para garantizar alimentación básica y adecuada a toda la población.
Cuando se compara, sin embargo, con las capacidades financieras actuales de las finanzas públicas, se vuelve mucho mayor el peso relativo de la cifra. En 2008 los ingresos del gobierno federal serán de alrededor de 2.4 billones de pesos, a los que habría que añadir alrededor de 100 mil millones de pesos de ingresos propios de los estados, alrededor de 50 mil millones de pesos de ingresos propios de los municipios y otro tanto de ingresos propios del Gobierno del DF. Si mis cuentas son aproximadamente correctas, se trata de ingresos por alrededor de 2.6 billones de pesos. Es decir, que la propuesta del IACU representa alrededor del 50 por ciento de los ingresos públicos actuales, lo que parecería hacerlo inviable sin una reducción drástica de la evasión fiscal y sin una reforma fiscal a fondo. En 2001 estimé la evasión fiscal en México en 700 mil millones de pesos, de tal manera que esta fuente puede ser muy importante: ¿quién podría objetar el IACU si se financia, en buena medida, reduciendo la evasión fiscal?
Como se trata que la puesta en vigor del IACU, que haría vigente el derecho a la alimentación, sea complementado con la vigencia del derecho a la educación, la salud y la vivienda, el grueso de los recursos para el IACU (salvo unos 200 mil millones que podrían obtenerse de un programa de austeridad) tendría que venir de captación tributaria nueva (por reducción de la evasión y cambio en la legislación). Sin embargo, todos (o casi todos) los programas de transferencias y, en general, la mayor parte de los programas de la Sedeso, podrían ser eliminados (se volverían redundantes como Liconsa), así como muchos programas de becas, por lo cual al costo del IACU habría que restarle alrededor de 150 mil millones de pesos. Esto reduciría el costo adicional de su implantación a 1.18 billones.
La llamada carga fiscal, la participación de los impuestos en el PIB, ha sido siempre muy baja: 10.7 por ciento entre 2000 y 2005 (véase gráfica). Los estudiosos del tema sugieren que la carga tributaria debería ser del doble, lo que coincide con los recursos necesarios para financiar el IACU.
El IACU erradicaría de tajo, y para siempre, el hambre y la desnutrición, la pobreza extrema prácticamente desaparecería para siempre, mientras la pobreza no extrema disminuiría muy sustancialmente. Para próxima entrega presentaré algunos cálculos para precisar estos últimos impactos.
Volviendo a la estrategia para su implantación, que permita irla acompasando con la recaudación fiscal (sin buscar el déficit fiscal igual a cero mientras dure la recesión), los primeros pasos deben consistir en implantar el IACU para todos los de 65 años y más, y para todos los menores hasta de 5 años, y luego ir cubriendo los demás grupos de edad. Así se haría más difícil la corrupción y el clientelismo que preocupan a un lector.