■ La decisión confirma que se persigue a activistas en la entidad: ONG
Ordenan excarcelar a 4 indígenas acusados de homicidio en Guerrero
Chilpancingo, Gro., 20 de octubre. La juez octava de distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, otorgó un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde hace seis meses están presos en el Centro de Readaptación Social del municipio de Ayutla de los Libres, acusados de asesinar a un informante del Ejército Mexicano el primero de enero anterior en la comunidad El Camalote, por lo que podrían salir del penal al mediodía de este martes, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Vía telefónica, Abel Barrera Hernández, coordinador del centro Tlachinollan, indicó que “con esta resolución emitida desde el pasado viernes 18 de octubre, y que ya fue notificada al juez mixto de primera instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, se tiene un plazo de 24 horas para poner en libertad a los indígenas inculpados”.
Señaló que el amparo interpuesto el pasado 7 de julio benefició a Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, pero no a Raúl Hernández Abundio, pues según la juez Larumbe Radilla, “los testigos señalan que él estuvo en el momento en que fue disparada el arma de fuego que dio muerte a Alejandro Feliciano García, el pasado primero de enero”.
Barrera Hernández recordó que los indígenas son originarios de la comunidad tlapaneca El Camalote –la misma donde hace años, 14 indígenas fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud–, y se les aprehendió el pasado 17 de abril en un retén policiaco-militar parte de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM).
Consideró que esta revocación del auto de formal prisión “obliga al juez mixto de primera instancia de Ayutla a decretar la inmediata libertad de los cuatro indígenas me´phaa, y a desahogar un juicio justo y conforme a derecho en contra de Raúl Hernández Abundio, que también es inocente, toda vez que no hay un señalamiento de que lo vieron a él accionar el arma”.
“Esta sentencia confirma que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero fabricó los delitos por los cuales fueron encarcelados los indígenas de la OPIM, con el objetivo de frenar el trabajo de esa organización; a la par, echa abajo las declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, cuando afirmó que la detención de los compañeros de la OPIM no significaba una persecución contra esa organización, sino que sólo se estaba aplicando la ley”, dijo el activista.