Ya está en la capital la protesta magisterial
El movimiento magisterial va en ascenso. Por la intransigencia del gobierno federal y la torpe sumisión de varios gobernadores, el conflicto se ha extendido y se ha trasladado a la capital del país.
Es así, a pesar de la torpe y brutal campaña de desprestigio desatada en la mayoría de los medios masivos de comunicación, que repiten, “libremente”, que los maestros movilizados se oponen a que termine la corrupta práctica de la venta de plazas. La ironía está en que quienes controlan el negocio de la venta de plazas y quienes cobran varias plazas al mismo tiempo, no son los maestros insurrectos, sino quienes firmaron el acuerdo llamado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE): a saber, funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales autonombrados “institucionales”. Ese es un hecho irrefutable, pues son ellos quienes controlan el acceso a dichas plazas. ¿Cómo creerle a quien grita “¡al ladrón!”, cuando el que lo hace, lleva el botín bajo el brazo y a la vista de todos?
Además, el supuesto examen de ingreso (que al igual que la famosa prueba Enlace, está hecho con los pies) ya resultó una burla y un fracaso. Reprobaron 80 por ciento de los aspirantes y, lo más grave aún, “los aprobados” no han obtenido el empleo ofrecido y la venta de plazas sigue al mejor postor.
Lo que tampoco se informa, como me dijo una maestra de Morelos, “es que además, en su Alianza, hay un nuevo negocio multimillonario de los charros y funcionarios de la SEP, pues también pretenden privatizar las evaluaciones a los docentes. Más allá del absurdo pedagógico que implican sus instrumentos y la periodicidad de la llamada certificación profesional, imaginemos el negocio de un millón trescientas mil ‘evaluaciones’ al año. Al igual que los charros se convirtieron en los dueños de las normales privadas, mientras que el gobierno iba golpeando y reduciendo a las normales públicas, ahora pretenden hacer otro negociazo con una clientela cautiva y pagados con centenares de millones de pesos del presupuesto, ¡son unos sinvergüenzas, eso es lo que son!”
Es verdad, esos “negocios” no están del lado de los maestros insurrectos, sino de quienes medran con la educación pública en nombre de “la calidad de la educación”. Veamos entonces qué calidad educativa invocan. Dijo la secretaria de Educación Pública que gracias a una encuesta descubrió que “tres de cada cuatro niños de sexto grado no vinculan inversión con prosperidad, lo cual habla que, para los niños mexicanos, no se requiere invertir para lograr el bienestar, y hoy sabemos que eso no funciona, que esa es una mala lección de economía y que tiene consecuencias muy terribles”. ¿De verdad no se le ocurrió ninguna otra razón por la cual nuestros niños “no vinculan inversión con prosperidad”? ¿No es más creíble que la experiencia cotidiana que viven nuestros niños es mucho más real que esa chata ideología de Avón llama y que la pobreza tienen causas más profundas y estructurales, que la de “no saber economía”? Pues no, y con ese sustento la secretaria tuvo la idea de impartir “clases de economía a estudiantes de primaria de todo el país”. ¡Genial, pues de ahora en adelante los niños aprenderán a invertir en la bolsa de valores los millones de sus papis!, ¿no?
Respecto de la otra firmante del acuerdo, me pregunto: ¿habrá alguien que honestamente crea que la humilde maestra de Polanco está pensando en “la calidad de la educación” y no en ampliar su poder político y su estatus económico? Aunque las 49 Hummers que regaló parecieran contradecir su mala fama, pues seguramente las compró para elevar la autoestima de los maestros.
No es tampoco posible creerles, como firmaron, que la Alianza se impulsaría mediante “una estrategia clara e incluyente”, cuando se niegan a dialogar con los representantes de decenas de miles de maestros que se le oponen y en lugar de abrir el diálogo y llegar a acuerdos, pretenden, a golpes, silenciar su protesta.
El acuerdo “por la calidad de la educación” es una farsa y, por los intereses que representa, propongo que sea rebautizado como Alianza por la Calamidad Educativa. Para bien de la educación pública, debe cancelarse de inmediato.