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■ Denuncia ONU que la fuerza pública colombiana empleó armas de fuego contra los nativos

Llega la marcha indígena a Cali para debatir hoy con Álvaro Uribe

■ Exigirán al mandatario la restitución de tierras, respeto a su autonomía y el cese de los asesinatos

■ Pide el presidente máxima condena para militares que asesinaron a 11 civiles en el sur de Bogotá

Afp, Dpa y Pl

Ampliar la imagen Los manifestantes indígenas llegan a la entrada de Cali, la tercera ciudad de Colombia, mientras fuerzas militares los vigilan Los manifestantes indígenas llegan a la entrada de Cali, la tercera ciudad de Colombia, mientras fuerzas militares los vigilan Foto: Ap

Bogotá, 25 de octubre. Una marcha en la que participaron más de 30 mil indígenas colombianos llegó hoy a Cali, tercera ciudad del país, donde este domingo sus líderes debatirán con el presidente Álvaro Uribe sus reclamos de restitución de tierras, respeto a su autonomía, cese de los asesinatos en sus comunidades y rechazo a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el contexto de una agenda que sus dirigentes comenzaron ya a discutir con representantes del gobierno.

En paralelo, mientras Uribe pedía condenar sin “vacilación” a tres militares cesados por su implicación en la desaparición de varios jóvenes en un caso que se presentó falsamente como muertos en “combate”, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que la fuerza pública colombiana empleó armas de fuego en los choques con indígenas que marchaban en el sur del país, cuyo saldo en las últimas dos semanas fue de cinco muertos y más de 100 heridos.

Los indígenas, principalmente de las etnias páez, guambiana y embera-chamí, de varios departamentos del sur del país, arribaron procedentes de Jamundí, último tramo de un recorrido de 120 kilómetros que comenzó el lunes en el poblado de La María, departamento de Cauca, y se concentraron en el campus de la Universidad del Valle para pasar allí la noche.

Este sábado se discutía la logística de la reunión con Uribe, que debería quedar definida tras un encuentro en la tarde entre dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo Daniel Piñacué, directivo de esa asociación. “Hemos propuesto que el debate se haga con todo el pueblo reunido aquí, pero el presidente planteó que sea con unos 200 representantes. En la tarde debemos definir ese aspecto”, indicó.

Los nativos le presentarán a Uribe una agenda de cinco puntos que incluye un pedido de restitución de 200 mil hectáreas de tierras, negociaciones de paz con las guerrillas y respeto a su autonomía, lo que implicaría el retiro de las fuerzas de seguridad de sus territorios, y el “resarcimiento de su buen nombre” tras la denuncia de Uribe de que la protesta es alentada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, Piñacué precisó que las etnias solicitarán que Colombia acoja la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, la derogación de leyes sobre minería y recursos naturales, que fueron aprobadas por el gobierno sin concertar con las etnias, además de que pedirán explicaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que aseguran compromete su supervivencia.

Tres indígenas murieron durante las manifestaciones iniciadas el 14 de octubre en incidentes en Cauca y Risaralda, donde decenas más de aborígenes resultaron heridos, en acciones represivas de la policía, según el CRIC.

Después, el pasado día 21, otros dos indígenas murieron y cinco salieron heridos en otro incidente en que quedó de manifiesto que un policía hizo disparos, como reveló un video exhibido en el canal televisivo CNN. Sin embargo, el gobierno sólo ha reconocido que un policía hizo disparos y que quienes murieron fueron víctimas de artefactos explosivos que ellos mismos portaban.

En ese contexto, la oficina en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que la fuerza pública empleó armas durante los choques con indígenas que han venido protestando en el sur de Colombia, contradiciendo la versión de la policía y el Ministerio de Defensa de que las armas de fuego no habían sido utilizadas.

“El porte y uso de armas inapropiadas por varios funcionarios de la fuerza pública en estos hechos violentos exige una respuesta contundente de las autoridades”, que se “investigue y sancione cualquier exceso” y conciliarse “el debido respeto de los derechos humanos”, señaló la delegación de la ONU en un comunicado, en el que deploró los enfrentamientos suscitados desde la semana pasada.

La oficina pidió al gobierno no estigmatizar a los aborígenes en este diálogo con el presidente Uribe ni en torno al derecho que tienen a la protesta pacífica, y agregó que los nativos “tienen una protección especial en la normativa nacional e internacional”.

Mientras, Uribe pidió la máxima condena para los militares culpables de violar los derechos humanos, al lamentar la implicación de tres coroneles en el caso de asesinato de civiles que fueron presentados como rebeldes muertos en combate, en relación al caso de 11 jóvenes que desaparecieron de un barrio humilde del sur de Bogotá y del municipio de Soacha.

Los jóvenes, de entre 17 y 32 años, desaparecieron en enero y agosto y sus cuerpos fueron hallados a mediados de septiembre en un grupo de 23 cadáveres en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Sin embargo, entonces el ejército afirmó que habían muerto en combate, aunque sin precisar con qué fuerza había sido el supuesto enfrentamiento.

Destituyen a oficiales

“Así como hemos procedido sin vacilación para defender las fuerzas armadas, sin vacilación hay que pedir que a los transgresores de derechos humanos los condenen, los lleven a la cárcel y les apliquen las máximas condenas de nuestra legislación”, dijo el mandatario durante un acto público, después de la destitución durante la víspera en Norte de Santander de Santiago Herrera, jefe de estado mayor de la quinta división, y Rubén Castro y Gabriel Rincón, comandante y jefe de estado mayor de una brigada móvil.

“Hemos estado totalmente comprometidos en la defensa de la institución armada de la patria, como lo necesita un país que tantos años estuvo en manos de guerrilla y paramilitares. Pero eso pierde fuerza cuando oficiales del ejército o de cualquier área incurren en violación de derechos humanos”, apuntó el mandatario.

Esto “causa mucha indignación, mucho dolor, mucha desazón” y siembra dudas frente a la “transparencia democrática” de su política de seguridad.

Al anunciar los relevos, el comandante del ejército, general Mario Montoya, sostuvo que en dos o tres de los casos los indicios señalan que “hubo homicidios”.

Tras las denuncias de las familias, organizaciones de derechos humanos dieron a conocer que existen registros de al menos 23 jóvenes de varias regiones que desaparecieron y luego fueron presentados como muertos en combates para reclamar éxitos militares.

Los organismos humanitarios colombianos también habían denunciado que se trataba de ejecuciones extrajudiciales.

 
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