Editorial
Latinoamérica soberana
El presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendió ayer de manera indefinida en su país las operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por el financiamiento de funcionarios de ese organismo a sectores de la oposición boliviana y por su participación en acciones de “espionaje político” en contra del gobernante. El anuncio se da apenas unos días después de que el gobierno de la nación andina negara a la DEA permisos para sobrevolar su territorio, y en momentos en que la complicada relación diplomática entre La Paz y Washington ha derivado en la expulsión de sus respectivos embajadores.
Amén de las acusaciones fincadas por el mandatario en contra de la agencia antidrogas estadunidense –que dan cuenta de inadmisibles intentos por subvertir la democracia en Bolivia–, debe reconocerse que la medida adoptada por Morales reviste sensatez, dignidad y un inequívoco espíritu de defensa de la soberanía nacional: la presencia de agentes de la DEA en otros países es un hecho visto incluso con normalidad que implica, sin embargo, la aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses y constituye, consecuentemente, una amenaza a la soberanía nacional y al principio de autodeterminación de los pueblos.
Por lo demás, el episodio que se comenta forma parte de una oleada que tiene lugar en América Latina. Ayer mismo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que la multinacional Repsol YPF –renuente a modificar los términos contractuales con el gobierno de ese país– tendrá que irse, e incluso añadió: “que entiendan las compañías trasnacionales: la banana república se acabó”. Este anuncio tiene como referente inmediato el realizado el 13 de febrero de este año por el venezolano Hugo Chávez, en el sentido de suspender, tras una larga historia de litigios judiciales en instancias internacionales, el suministro de crudo a Exxon Mobil y poner fin a las relaciones comerciales entre el gigante energético estadunidense y la estatal Petróleos de Venezuela SA, en respuesta a las acciones de hostigamiento jurídico y económico emprendidas por la multinacional con el respaldo de la Casa Blanca.
Otro ejemplo relevante dentro de esa tendencia lo constituye la adhesión de Honduras, el pasado 25 de agosto, a la Alternativa Bolivariana para las Américas –que integraba ya a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia–, una decisión que fue calificada por Manuel Zelaya, presidente del país centroamericano, como una “segunda independencia”. Dicho acuerdo busca frenar la influencia política y económica de Estados Unidos en la región y constituye, en ese sentido, una respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas, promovida por Washington como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En suma, como puede verse con los ejemplos referidos, diversos países latinoamericanos avanzan en la recuperación progresiva de sus soberanías y la reconfiguración de sus relaciones con actores foráneos –sean éstos gobiernos o corporativos–, en términos que resulten benéficos para sus intereses nacionales y que salvaguarden la potestad sobre su territorio y recursos naturales. Es significativo, por cierto, que mientras esto ocurre en la región las autoridades mexicanas se empeñan en transitar en sentido opuesto, y en descalificar, calumniar y linchar mediáticamente a quienes no suscriben esa necedad.