■ Se criminaliza la protesta social, dicen ONG
Morelos: 139 casos de abusos contra colonos
La red nacional Todos los Derechos para Todos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de ese estado denunciaron en conferencia de prensa que el gobierno continúa criminalizando la protesta social.
En la entidad, señalaron, se ha acusado a integrantes del movimiento indígena y magisterial, les han fabricado delitos para obligarlos a enfrentar juicios.
“Los días 6, 7, 8 y 9 de octubre las fuerzas del Estado reprimieron una protesta y plantón de padres de familia que bloqueaban la carretera en demanda de que se iniciaran las clases para sus hijos, quienes tienen más de 70 días sin ir a las aulas.”
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, y José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente, denunciaron que los padres de familia decidieron hacer bloqueos en las carreteras de Tres María, Amayuca y Xoxocotla en demanda de que se iniciara el ciclo escolar. En respuesta, los gobiernos estatal y federal “utilizaron la fuerza. Con elementos del Ejército y tropas de la Policía Federal Preventiva, desalojaron y reabrieron las carreteras.
“Como la población había retenido a algunos policías que más tarde fueron intercambiados por niños y mujeres que detuvieron los policías, éstos no respetaron el acuerdo. Regresaron en la madrugada. En un acto de venganza, porque las carreteras ya estaban liberadas, los policías allanaron viviendas, sacaron a familias enteras y las torturaron y golpearon. A familias completas las abandonaron en parajes solitarios, y a hombres y mujeres los detuvieron y les fabricaron cargos”, sostuvo Martínez Cruz.
Édgar Cortez y José Martínez destacaron que de esa acción violenta, en la que hubo abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, se lograron documentar 139 casos de atropellos a las garantías básicas. En total hubo 59 personas detenidas. “Actualmente están en libertad, pero se les sigue proceso por ocho ilícitos. La autoridad no ha tomando en cuenta que hubo allanamientos, detenciones ilegales, torturas y una denuncia por abuso sexual”, aseveró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.