■ El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa respalda los casos
Demandan liberación de seis “presos políticos” en Chiapas
■ Excarcelar a cuatro de ellos depende del Ejecutivo federal, refiere
Tonalá, Chis., 7 de noviembre. Por acá también hay “presos políticos”. El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa sostiene que el encarcelamiento de seis de ellos “es injusto” y exige su “liberación incondicional”. En sentido estricto, ninguno pertenece al consejo, pero éste, ante la indefensión en que se encuentran, ha decidido alzar la voz. Un informe entregado a La Jornada por Nataniel Hernández Núñez, vocero de la organización adherente de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), busca romper el silencio.
Horacio Enríquez Escobar, coordinador estatal de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) y veterano luchador campesino, lleva recluido 10 años. En una carta al consejo narra su lucha en la OPEZ y las tomas de tierras que encabezó en la zona, lo cual le costaría la cárcel en el periodo del gobernador Roberto Albores Guillén. Actualmente se encuentra en el Cereso 13 de Tonalá.
Nació en la finca El Mirador, a orillas del río Cacahuatán, hijo de jornaleros, como él mismo lo sería desde los 12 años. Después de una década de trabajar hasta 18 horas diarias para el patrón, Pedro Muñoz y Muñoz, fue despedido sin ninguna indemnización. En 1982 conoció el movimiento de la Coordinadora Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), que luchaba en la costa de Oaxaca y tenía su epicentro en Juchitán. Esta organización apoyó a los trabajadores chiapanecos despedidos, y Enríquez Escobar se incorporó a ella, lo cual le costaría ir a prisión.
En 1988 regresó a Chiapas, se unió a la OCEZ-CNPA y participó en tomas de tierras. Pasó a la OPEZ y se convirtió en dirigente de una fracción. Luego fue “traicionado” por quien había sido su mentor, el dirigente Hernán Villatoro, quien se alineó con el gobierno alborista.
Un pedazo de tierra
Según sus palabras, “me metí de lleno a los asuntos agrarios, de servicios y penales de los campesinos”. Tras el alzamiento zapatista en 1994 se funda el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), que formaría con Amado Avendaño el gobierno chiapaneco en rebeldía.
“Fui de la comisión ejecutiva. Entonces invadimos 240 mil hectáreas en todo el estado. Me había tocado deambular seis años luchando por un pedazo de tierra, yo mismo no tenía, y ahora se abría la posibilidad gracias a los compañeros del EZLN. En la costa ocupamos 21 propiedades”, refirió.
Detenido en octubre de 1998, purga una sentencia de 29 años. Por su lucha contra propietarios y finqueros se le acusó de privación ilegal de la libertad, daños en propiedad ajena, despojo y robo con violencia. Ha realizado cuatro huelgas de hambre para exigir su excarcelación.
Ahora expresa al consejo regional: “He tomado la decisión de que si para fin de año este gobierno (de Juan Sabines), que ofreció liberar a los presos políticos no me libera, voy a iniciar 2009 luchando por mi libertad. Puede ser lo último que haga, pero ya basta, nuestras tierras están pagadas, no tenemos invasiones. Compañeros de lucha, necesito el apoyo y la dirección de ustedes, por favor no me dejen solo”.
Proceso irregular
Rigoberto Méndez Martínez era base de apoyo del EZLN en la ciudad de Huixtla cuando en 2004 fue acusado de estupro por la señora Esperanza de León Barrios. El consejo regional ha reconstruido el caso, concluyendo que es inocente y víctima de un proceso amañado e irregular.
Rigoberto, actualmente de 32 años, tenía a su cargo un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos “bajo la dirección de las bases zapatistas” cuando fue detenido en mayo de 2006 y condenado a ocho años de prisión en el Cereso 7 de Huixtla.
Durante el proceso, manifiesta el consejo regional, “vimos no sólo fallas, sino que la averiguación previa no fue integrada conforme a derecho, e identificamos serias irregularidades con el afán de detener el crecimiento del EZLN en la costa”. Hubo “injerencia” del Centro de Derechos Humanos Una Mano Amiga, “que con anterioridad había atacado a las bases zapatistas de la zona”. Su directora, la priísta María Teresa Briones Ortega, impulsó la condena contra Méndez Martínez, siendo que “es inocente”.
Por último, Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimalec Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, están en el Cereso 3 de Tapachula desde abril de 2002, acusados de delitos del fuero federal por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “La liberación de estos luchadores contra los abusos de la CFE sólo puede hacerla el Ejecutivo federal a través del estatal”, apunta el consejo regional.