■ Abogados temen que los juristas sean manipulados por los agentes del Ministerio Público
Critican la novatez de los jueces de control
La designación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de seis “jueces novatos” como responsables de los llamados juzgados de control que se encargarán de conceder arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas a partir de diciembre próximo, generó preocupación entre abogados que litigan casos de delincuencia organizada.
Rogelio de la Garza, defensor, entre otros, del empresario mexicano de origen chino acusado de traficar efedrina a Estados Unidos, Zhenli Ye Gon, y Alejandro Díaz, quien demostró la inocencia de un vendedor de automóviles al que se acusó, sin pruebas contundentes, de asesinar a un juez federal de Toluca, estado de México, coincidieron ayer en señalar que se avizora el “peligro” de que ante la inexperiencia de estos seis juzgadores terminen convirtiéndose en “simples auxiliares” de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) o en jueces que no cuestionen las deficiencias de los agentes del Ministerio Público.
Otros penalistas, como José Patiño Hurtado –quien consiguió la libertad de Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras presidenciales durante el sexenio de Vicente Fox, acusado de tener vínculos con el poderoso clan de los hermanos Beltrán Leyva, dedicados al narcotráfico– y Horacio García Vallejo –abogado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso–, manifestaron que seis jueces son insuficientes para hacer frente al gran problema del crimen organizado que prevalece en el país, lo cual aumenta las posibilidades de que la fiscalía en el rubro se vea rebasada.
A decir de Patiño Hurtado, “si bien es cierto que la figura de estos jueces (de control) es para combatir exclusivamente la delincuencia organizada, no menos cierto es que se tienen que proteger los derechos y garantías constitucionales de todos los mexicanos, y estos jueces especializados en medidas precautorias están obligados a no permitir las deficiencias en que comúnmente incurren los agentes del Ministerio Público. No por rapidez debe soslayarse el respeto a las garantías que consagra nuestra Constitución. Si estos jueces no cumplen con ello, incurrirán en responsabilidad penal”.
Rogelio de la Garza fue más crítico y consideró que “con estas reformas se fortalece la figura del testigo colaborador y de las denuncias anónimas, que ya son hoy, y lo serán a partir de estas reformas Constitucionales, los puntales de las investigaciones de la SIEDO.
“Lo peligroso es que la reforma ya no obliga a demostrar indicios concatenados para configurar una de las hipótesis de delincuencia organizada. Ahora bastará con el dicho de un anónimo, que muchas veces es un invento de la propia fiscalía, para que se puedan meter a tu casa, escuchar tus llamadas o arraigarte.
“Otro problema es que se nombró como jueces de control a seis secretarios de acuerdos que no tienen experiencia como jueces de procesos penales. Es arriesgado, por decir lo menos, que se ponga en manos de gente sin experiencia la responsabilidad tan grande que representa librar medidas cautelares, pues habrá infinidad de violación de garantías constitucionales”, puntualizó el jurista.
El abogado Alejandro Díaz coincidió plenamente con la opinión de De la Garza, mientras que García Vallejo indicó que en la práctica, el CJF tendrá oportunidad de ir corrigiendo lo que vaya saliendo mal en relación con la función de estos jueces de control, cuya figura jurídica es novedosa en nuestro país.