■ La designación de su titular no sería facultad del Ejecutivo
Promueve el sol azteca que se instaure una fiscalía general de la nación
La fracción del PRD en el Senado impulsa una reforma constitucional para dotar al Ministerio Público de autonomía de gestión. Para ello, se propone convertir a la Procuraduría General de la República (PGR) en una fiscalía general de la nación, con plenas facultades para investigar los delitos y tener el mando de los cuerpos policiacos.
La iniciativa fue presentada la semana pasada ante el pleno del Senado y turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. La intención perredista es que se dictamine conjuntamente con el paquete de reformas en materia de seguridad pública y justicia que se negocia en Xicoténcatl.
Entre las modificaciones propuestas a la Carta Magna está que el titular de la fiscalía general no sea nombrado por el Presidente de la República, sino por el Senado, o la Comisión Permanente, en los casos de receso legislativo.
En vez de procuradurías estatales habrá fiscalías de distrito, también con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
Tanto la fiscalía general como las de los estados “tendrán un consejo consultivo, integrado por 10 consejeros que serán elegidos, en el primer caso, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
En la exposición de motivos se precisa que el Ministerio Público, “tal como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado no solamente por el cada vez más grande fenómeno delincuencial, sino también por los profundos y arraigados vicios que le aquejan, tales como la excesiva burocratización, la falta de agilidad en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de sus agentes, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de criminales”.
La propuesta es rediseñar la estructura del Ministerio Público, y por ende de la procuración de justicia en México.
Se plantea “separar las funciones de investigación y persecución de los delitos de las labores de prevención, como acertadamente ha recomendado desde hace tiempo la ONU, mediante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México”. Para ello es necesario cambiar el actual texto del artículo 21 constitucional, que dispone que la seguridad pública comprende la investigación y persecución de los delitos.
La reforma constitucional, que llevó al pleno el senador René Arce, plantea establecer la figura de fiscales generales en sustitución de los procuradores generales, así como de los fiscales de distrito en sustitución de los agentes del Ministerio Público.
A fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas, se propone la obligación constitucional del fiscal general de la nación, “ de presentar anualmente un informe de labores al Poder Legislativo, con el fin de dar a conocer los logros y los avances en un tema que es del interés y preocupación de todos los mexicanos, como la procuración de justicia”.