■ Con documentos, firmas y sellos apócrifos, las cobran 700 supuestos beneficiarios
Detectan anomalías con becas en GAM
■ Estarían involucrados servidores actuales y ex funcionarios
■ El caso ya está en manos de la PGJDF
■ Se pretendió mantenerlo en secreto, ante los escándalos de corrupción en años recientes
Con documentos, firmas y sellos falsos fueron cobradas más de 700 becas del programa de apoyo a estudiantes de bajos recursos de la delegación Gustavo A. Madero, que provocaron daño al erario por un monto que superaría los 630 mil pesos.
En el presunto fraude podrían estar involucrados servidores públicos, ex funcionarios y beneficiarios de dicho programa, que se aplica desde hace dos administraciones delegacionales.
Por estos hechos, en octubre pasado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa número FDF/T/T3/00904/08-10, en contra de quien resulte responsable del presunto quebranto, y ya se presentaron a declarar los funcionarios encargados del desarrollo del programa; la titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Escolar, Rosa Isela Martínez, y el encargado de la Pagaduría, Neri Echeverría.
Fuentes de la delegación que solicitaron el anonimato por temor a represalias explicaron que el quebranto se detectó el 15 septiembre pasado, cuando se propuso realizar una ceremonia para la entrega de apoyos al beneficiario número 10 mil. Ahí se descubrió que las becas habían sido cobradas con recibos falsos.
Los folios no coincidían con los reportes, pero ante los escándalos en los que ha estado envuelta la demarcación por actos de corrupción, los más fuertes en las administraciones recientes, se intentó mantenerlo en secreto.
No se cumplieron procedimientos
El apoyo es expedido por la jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Escolar y hecho efectivo por la pagaduría de la demarcación.
Las fuentes consultadas mencionaron que en todo momento se hace un deslinde de responsabilidades, porque para realizar el pago de los apoyos se tiene que cumplir con el procedimiento y verificar las medidas de seguridad, como son el papel, datos generales, sellos y firmas.
Por ejemplo: “el Ángel de la Independencia que aparece en los documentos no coincide con los de los recibos originales, tampoco el sello, ya que el original ya estaba desgastado y en los falsos es completamente legible”, relataron.
“Los papeles debían de tener los datos completos, no se permiten las abreviaturas ni el cambio de nombres, situación que se estuvo dando durante los cobros”, añadieron.
También se pasó por alto que, previo a la entrega del dinero, se tiene que comprobar que el beneficiario se presentó en el área de becas. Incluso aseguraron que en la fecha mencionada, 17 becas fueron cobradas, y de éstas, sólo una fue registrada en el área correspondiente.
Con base en el procedimiento para el cobro de los apoyos se debe identificar plenamente al estudiante que recibe el recurso por medio de su credencial escolar, además de la boleta de calificaciones, y debe estar acompañado del padre o tutor, a quien también se le identifica con la credencial de elector.
“Primero de manera interna se realizó una revisión, se hizo un cotejo y arqueo de los documentos con la nómina de beneficiarios, folios y pagos”. Entonces fue evidente que no coincidían los números, pues el registro real es de 10 mil 52 beneficiarios en lista, contrario a los documentos en la pagaduría, que tiene folios que llegan hasta 10 mil 300, “cuando en términos reales del padrón no se habían entregado ni 9 mil 300”.
Los pagos que se realizaron con los documentos falsificados, que correspondían a tres bimestres, “eran por 300 pesos cada uno, por ello tenían valor de 900 pesos, que debían ser cobrados por estudiantes de ciclo escolar 2007-2008”.
Con base en cálculos de las mismas fuentes consultadas sobre la irregularidad en el cobro de 700 becas entregadas, cifra que habría aumentado, la pagaduría entregó 630 mil pesos del erario, por lo que se determinó interponer la denuncia.
Con toda esta evidencia, las autoridades delegacionales optaron por guardar silencio y no dar vista a la Controloría Interna. Un mes después interpusieron la denuncia de hechos ante la PGJDF.
Sin embargo, no acudieron a la Fiscalía de Servidores Públicos, sino a la de Delitos Financieros, pues señalaron que tiene que ser la instancia ministerial la que finque las acusaciones.
Argumentaron que se oponen a lo dicho por las fuentes que denunciaron los malos manejos, pues para éstas la intención es “cuadrar la acusación” a los grupos beneficiados y exonerar con ello a los servidores públicos, quienes tenían la obligación de verificar la documentación.
La irregularidad, señalaron, es desde el registro, porque pese a que los apoyos se deben entregar de manera individual, la selección es “corporativista” y eso provocó que algunos “grupos se molestaran, de ahí que surgió la sospecha de que eran los beneficiarios quienes alteraron los documentos de las becas”.