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Carlos Fazio

¡El avión!

Dice Hans M. Enzensberger que “tan pronto como la criminalidad se organiza, se convierte, tendenciosamente, en un Estado dentro del Estado”. La frase remite al México actual, con sus distintos niveles de violencia reguladora. Con algunas puntualizaciones: cuando en enero de 2007 Felipe Calderón sacó al Ejército de los cuarteles y declaró su “guerra” al crimen organizado, el país entró en una fase de “colombianización”. Pero ya antes, desde mediados del sexenio de Carlos Salinas, cuando de la mano de la “narcotización” de la política surgió una nueva economía criminal, se había venido incubando un larvado proceso de desintegración de la sociedad en el marco de la conformación de un nuevo Estado oligárquico autoritario de tipo delincuencial y mafioso.

Los últimos hechos, incluidas las revelaciones sobre la infiltración de grupos criminales al más alto nivel de las fuerzas armadas, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la polémica en torno a si las muertes de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos fueron producto de accidente o sabotaje, exhiben dinámicas complejas y mezclas muy íntimas entre las estructuras criminales y estatales, donde una amplia red de actores está completamente integrada en los niveles operativos de la economía criminal.

En ese contexto, la imagen que muestra un aparato estatal asediado por criminales “en busca de protección para sus viles actos”, o que le “ha declarado la guerra al Estado”, carece de veracidad. Tampoco se trata de una guerra de buenos contra malos: es una guerra de malos contra malos por la regulación del mercado.

“¿Dónde se origina la mafia?”, se preguntaba Pável Voshchanov. Y respondía: “Es simple: comienza con los intereses comunes de políticos, hombres de negocios y gánsters. Todos los demás son rehenes de esta sagrada alianza”. Se trata de una nueva manifestación del “capitalismo salvaje”, que no respeta ninguna forma de regulación de naturaleza jurídica o moral. Cuando y donde no hay regulación y control por parte de la fuerza legítima del Estado, se impone el control despiadado y caótico de las fuerzas ilegítimas de grupos privados violentos. Se privatizan el poder y la seguridad. Los mercados sin restricciones equivalen a sociedades salvajes, donde se libra una guerra de todos contra todos.

La escasez de legalidad produce la contra-institucionalización del gobierno criminal. Según Giulio Sapelli, un gobierno criminal “crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema”. El elemento fundamental de la corrupción son las empresas, pues son las constructoras sociales de los mercados, del monopolio y del oligopolio. Se trata de empresas ilegales, que adquieren –como ha demostrado Pino Arlacchi en el caso mafioso italiano, y sobran ejemplos en México– ventajas competitivas a través de la violencia, la evasión fiscal y tributaria, la circulación de enormes masas de capital que derivan de actividades ilícitas, entre las que destaca el narcotráfico. Lo que caracteriza a la economía mafiosa, y por ende la relación entre individuos y empresas dentro de ese sistema y con la economía en su conjunto, es una acentuada competencia; pero el arma fundamental de esa competencia está representada por la violencia reguladora, que incluye la muerte, sea por accidente, gastritis aguda, sabotaje o descuartizamiento.

En cuanto a redes delincuenciales, el caso más sonado de los últimos años es el de la famiglia Salinas, que de acuerdo con las investigaciones de la justicia suiza involucró, entre otros, al jefe del clan, Raúl Salinas Lozano, y a sus hijos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, así como a una larga lista de gobernantes, políticos, empresarios, banqueros, militares, policías, representantes de la justicia y capos del narcotráfico. Muchos de ellos siguen funcionando dentro del sistema, se han reciclado, y otros murieron víctimas de la violencia propia de ese tipo de empresas criminales.

Ante el resquebrajamiento del antiguo régimen, las facciones, mafias y organizaciones criminales que formaron parte de la llamada “familia revolucionaria” en el interior del PRI –en un juego de equilibrios, acuerdos y complicidades– cobraron autonomía y multiplicaron su poder. El desgaste del viejo modelo se hizo evidente en 1993-94, periodo en el que se produjeron tres crímenes de Estado: los asesinatos del cardenal Posadas, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. A partir de allí la violencia se generalizó y exhibe, hoy, que no se ha podido disciplinar o conciliar con los jefes de los distintos clanes o familias que controlan el millonario negocio criminal. Es decir, que no se ha podido consolidar el antiguo pacto mafioso y que –para citar a un clásico– los demonios siguen sueltos.

Cabe enfatizar que las mafias criminales –de las que el narcotráfico es sólo su expresión más visible– no son un fenómeno aislado de la sociedad o una “conspiración” de maleantes en un Estado limpio, sino más bien una especie de empresa de carácter ilegal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales de la sociedad y del Estado: el mundo financiero, los negocios, la clase política, los cuerpos de seguridad y el aparato judicial. Como buenas vacas lecheras, los capos de la droga son protegidos, se les ordeña y, cuando ya no sirven, se les mete a la cárcel o se les manda a la carnicería. No se trata, pues, de Los Zetas o Los Pelones. La violencia actual tiene que ver con la ruptura de la antigua regulación de los pactos inter oligárquicos. El viejo modelo de dominación cleptocrático, basado en las conexiones oligopólicas y monopólicas con el clientelismo político, se agotó. Por eso la violencia desestabilizadora provocada por las pugnas y traiciones intermafias alcanza los niveles superiores de la cadena criminal-corruptora, colapsa instituciones y genera turbulencias que, de manera misteriosa, puede hasta tirar aviones. El cambio en Bucareli podría propiciar una tregua.

 
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