■ Los legisladores ni siquiera se ocuparon en leer la letra chica de la reforma, señalan expertos
Con los cambios a la legislación en materia energética “se acentúa el contratismo”
■ Llaman a un debate urgente, pues aún se puede promover una acción de inconstitucionalidad
Las reformas en materia energética, recientemente aprobadas por legisladores de todos los partidos, no detendrán las políticas privatizadoras que hoy predominan en el sector y, por el contrario, solamente le otorgan el estatus legal a algunas de las violaciones constitucionales que ya prevalecen, como son los contratos de servicios múltiples (CSM) y la pretensión de asignar bloques para la exploración y explotación a empresas privadas internacionales.
Lo anterior denunciaron a La Jornada los integrantes del Comité Nacional de Estudios de Energía y del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, Francisco Carrillo, Mario Galicia Yépez y Rodrigo Olvera, quienes demandaron elaborar una propuesta de amplio consenso por una nueva política energética nacional, para que en su momento se promueva una acción de inconstitucionalidad.
En entrevista, explicaron que, por ejemplo, todo el capítulo de contratos debió haber sido supeditado al principio general de que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe hacer uso al máximo de sus capacidades tecnológicas y humanas, y la reforma no está condicionada a ese objetivo, sino que se acentúa la práctica del contratismo.
“Simplemente se dice que Pemex podrá realizar esa práctica, y si de por sí la expansión del contratisimo es muy extensa, no se hizo valer una acción ‘proactiva’ de parte de los legisladores. El más grave riesgo que estamos padeciendo es el desmantelamiento de la industria, por la vía de contratos y la cesión de servicios, y el despido de recursos humanos altamente capacitados”, afirmó el ex diputado Francisco Carrillo, al señalar que nada se hizo en la reforma para detener la sangría de la paraestatal.
Por su parte, Mario Galicia, integrante del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, indicó que la apertura al sector de los particulares “continúa con la privatización abierta y descarada”, y no se ha podido frenar ni siquiera por la mayoría de legisladores que aprobaron la reforma.
“Nos da la impresión de que muchos de los legisladores no nos quisieron oír ni quisieron ver ni leer y, sobre todo, tampoco leyeron la letra chica del texto de la reforma y firmaron el documento sin haber hecho un breve estudio”.
“Nosotros ya presumíamos que el PRI y el PAN estaban en la misma dinámica. Todavía tenemos confianza en algunos legisladores del PRD, que finalmente no cumplieron con su cometido y se sumaron a lo que llamamos ahora perredichuchos, y tenemos los argumentos.”
En tanto, Rodrigo Olvera, asesor jurídico, indicó: “nosotros como comité y grupo estamos pidiendo e invitando a los legisladores a un debate público, y no en lo oscurito, como es la costumbre de ellos, para aclarar una serie de situaciones que estoy seguro que muchos de ellos desconocen.
“Creo que éste es uno de los motivos para convocar a esta reunión, porque empezó a darse un debate muy fuerte y muy agrio en la izquierda entre quienes decían que la reforma fue ‘un éxito y maravillosa’, que ‘impedimos la privatización’, y quienes decían que ‘es una traición’; la cosa es que no se estaban discutiendo los textos, porque ni siquiera los leyeron. El comité está muy preocupado porque la reforma es completamente privatizadora”.
El abogado aseguró: “si uno lee los textos, es claro que no sólo no se frenó, sino que se profundiza el proceso de privatización. Entonces, queriendo dar el beneficio de la duda a quienes en la izquierda votaron en favor de estos dictámenes, los estamos emplazando a un debate, que tiene que ser urgente porque hay plazos para interponer una acción legal para detener la reforma”.
Explicó: “suponiendo de buena fe que los los legisladores están completamente engañados e ignorantes de qué es lo que votaron, entonces realmente quien esté en favor del país tiene que firmar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, porque eso es lo que nos preocupa”.
Precisó que “como quedaron los votos en contra y en favor en la izquierda, no tenemos las firmas necesarias para una acción de inconstitucionalidad. Creemos que es urgente un debate sobre ideas y sobre el texto de la ley, y con eso vamos a demostrar que quien esté en favor de México tendrá que firmar la acción de inconstitucionalidad”, insistió.