■ “No hubo amenazas ni explicación”, dice el director del rotativo
Atacan con granadas sede del diario El Debate de Culiacán
■ Autoridades locales se comprometen a garantizar el ejercicio periodístico
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Fachada del diario sinaloense luego del ataque
Foto: Leo Espinoza
La madrugada de este lunes, desconocidos arrojaron dos granadas contra el diario El Debate, en Culiacán, la capital sinaloense, y dañaron la reja principal, ventanas y paredes del inmueble, que cuenta con cámaras de seguridad y es regularmente custodiado por agentes al servicio de la empresa.
La policía ministerial de Sinaloa dijo que el ataque ocurrió hacia la una de la madrugada, cuando dos jóvenes que vestían camiseta blanca lanzaron los artefactos explosivos a la entrada principal del diario, que figura entre los de mayor circulación en Sinaloa y se ubica en el primer cuadro de la ciudad.
Al parecer los atacantes huyeron a pie. Después el lugar fue acordonado e inspeccionado por personal del Ejército y de las corporaciones policiacas, además de peritos y agentes del Ministerio Público de la Federación y del fuero común, que hallaron las espoletas de ambas granadas.
Directivos del periódico atacado denunciaron los hechos y la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa SIN/CLN/1216/2008/M-III contra quien resulte responsable por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, daño en propiedad ajena, y lo que resulte.
“No hay amenazas, no hay señales, no conocemos la causa ni comprendemos esto que nos ha llegado a nosotros. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero estamos preocupados, consternados, aunque con mucha confianza para seguir adelante”, declaró Rosario Oropeza, director del diario.
El procurador general de Justicia del estado, Alfredo Higuera Bernal, anunció que se tomarán medidas para garantizar los espacios de comunicación y el ejercicio de las labores periodísticas, además de hacerse “una investigación a fondo de los hechos, porque no cualquier persona puede tener explosivos y mucho menos manejarlos”.
A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública estatal montó puntos de vigilancia afuera de los principales diarios locales, entre ellos Noroeste, Ríodoce y El Sol de Sinaloa.
Verona Hernández, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, calificó el atentado de agresión a la sociedad y no sólo al gremio de comunicadores, que “son los más indefensos ante estos embates de la delincuencia organizada, porque su trabajo es afuera, en la calle, frente a los problemas, de cara a los políticos hipócritas y a los delincuentes que se pasean impunes gracias a la corrupción de las autoridades”.
Exigió investigar y castigar el atentado e inhibir cualquier otro incidente de su tipo, y reconoció que las autoridades federales emprendieron una fuerte campaña contra la delincuencia, “mientras el gobierno estatal se lava las manos y no asume la responsabilidad que le corresponde”.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, diputados federales dijeron a comunicadores locales que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Periodistas (FEADCP) se convertirá en subprocuraduría, y las casi inexistentes prestaciones sociales que recibe su gremio tendrán revisión legal.
César Duarte Jáquez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, e Israel Beltrán Montes, secretario de la Comisión de Seguimiento a Delitos contra Periodistas, afirmaron que antes del próximo enero tendría lugar la redefinición orgánica en la Procuraduría General de la República, para que la instancia resultante atraiga todos los homicidios de comunicadores.
En reunión con las Asociaciones de Periodistas de Ciudad Juárez y del estado de Chi-huahua, Duarte y Beltrán ofrecieron soluciones legislativas a la escasez de prestaciones sociales que priva en el ejercicio periodístico, lo cual constituye una violación legal.
Sobre el asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, del El Diario de Ciudad Juárez, los legisladores afirmaron su voluntad de ser vínculo entre el gremio periodístico y las autoridades federales para exigir el esclarecimiento del crimen cometido la semana pasada, vigilar el avance de las investigaciones y garantizar la seguridad de los comunicadores merced a nuevas leyes que remedien su desprotección.