Usted está aquí: jueves 20 de noviembre de 2008 Política Destraban la discusión de las reformas en materia de seguridad pública y justicia

■ PRI y PRD insisten en que las iniciativas de Calderón sufrirán modificaciones de fondo

Destraban la discusión de las reformas en materia de seguridad pública y justicia

Andrea Becerril

Las negociaciones en torno a la reforma en materia de seguridad pública y justicia comenzaron ayer a destrabarse, luego de que PRI, PAN y PRD acordaron ordenar la discusión e integrar mesas de trabajo, con el propósito de encontrar las coincidencias entre el proyecto presidencial y las diversas iniciativas de los grupos parlamentarios, antes del próximo 15 de diciembre, en que concluye el periodo de sesiones.

El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Ulises Ramírez, se reunió ayer con los senadores de PRI y PRD que integran las comisiones dictaminadoras, quienes han expresado desde hace varias semanas su oposición a aprobar en sus términos las iniciativas de Felipe Calderón, por considerar que en algunas, como la Ley de Extinción de Dominio, se vulneran los derechos humanos.

Al concluir el encuentro, el funcionario de Gobernación comentó que se logró destrabar la negociación, y expresó su confianza en que la reforma salga pronto.

En lo que se refiere a la ley de extinción de dominio, Ramírez aseguró que se acordó tomar como base la iniciativa presidencial y “enriquecerla con lo que aporten los grupos, a partir de hoy en que se establecen grupos de trabajo”.

Sin embargo, los senadores Jesús Murillo Karam, del PRI, y Tomás Torres, del PRD, presentaron una propuesta de dictamen sobre la Ley de Extinción de Dominio, que modifica diversos aspectos de la propuesta de Calderón, “para salvaguardar los derechos de terceros”.

Se trata, precisó el senador Torres, de una postura intermedia, donde se reconoce la necesidad de dar herramientas para combatir el crimen organizado, ya que se vive en una situación excepcional, pero sin legitimar que se avance a un Estado policiaco.

La propuesta permite que el Estado se quede con bienes de narcotraficantes, pero también da garantías a aquellos que de buena fe rentaron, por ejemplo, una propiedad que luego fue usada para actos delictivos, a que se defiendan. Se plantea además un debido proceso para los indiciados.

Las comisiones dictaminadoras analizaron ayer esa ley, y la discusión continuará hoy.

Ramírez, en tanto, comentó que el eje de la reforma es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, donde hay avances. Otro de los puntos más discutidos, precisó, es la creación del Instituto de Seguridad Pública, donde aún no hay definición y por ello “se encorchetó para verlo al final”.

En las seis sesiones que restan al periodo se espera llegar al consenso, aunque priístas y perredistas continúan en la idea de modificar a fondo la propuesta de Calderón.

 
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