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■ Fuerzas derechistas masacraron a campesinos bolivianos “en estado de indefensión”: informe

“Promovió y provocó” la prefectura de Pando la matanza del 11 de septiembre: defensor del pueblo

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 29 de noviembre. La prefectura de Pando “promovió y provocó” la vulneración del derecho a la vida de los ciudadanos participantes en los hechos de Tres Barracas y Porvenir, donde el pasado 11 de septiembre funcionarios de la misma e integrantes del Comité Cívico masacraron a campesinos “en estado de indefensión”, lo que constituye un delito de “lesa humanidad”, concluyó el defensor del pueblo Waldo Albarracín.

En su informe sobre lo que se ha denominado “la masacre de El Porvenir”, que presentó hoy ante los medios, Albarracín evidencia que en esos hechos, en los que murieron 17 personas y 53 resultaron heridas –la mayoría campesinos–, participaron funcionarios de la prefectura, que utilizando recursos materiales de la misma hicieron “uso desproporcionado de armas de fuego no convencionales”. No hubo “intercambio de disparos”, precisó el funcionario.

En los hechos se dio la agravante de la persecución a los campesinos casa por casa por parte de funcionarios prefecturales y cívicos, “la cacería de personas en su cruce por el río Tahuamanu y aquellas que escapaban por el monte”, además de acoso contra los heridos y los médicos que los atendían en el hospital de Cobija.

También hubo dos muertos durante la retoma del aeropuerto por parte de las fuerzas armadas el 12 de septiembre, luego de la instauración del estado de sitio.

En las conclusiones del informe, el defensor del pueblo aseveró que el día de la matanza hubo “omisión e incumplimiento de deberes formales” por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del juez cautelar de Cobija. Hubo vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y a la dignidad de las personas, se asienta en el documento.

Respecto del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido y confinado durante el estado de sitio, el texto señala que en su caso “persiste un estado de indeterminación por parte de las autoridades del Ministerio Público y judiciales” que vulnera su derecho a la seguridad jurídica.

Asimismo, esa dilación en el tratamiento del caso está dando lugar a la vulneración del derecho de acceso a la justicia oportuna por parte de las víctimas y sus familiares, que legítimamente siguen reclamando por la sanción a los culpables, añade el informe.

Albarracín recomienda a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos, acelerar la investigación de los mismos para evitar que estos ilícitos queden en la impunidad, y establecer responsabilidades por la omisión de cumplimiento de deberes por la Policía Nacional, así como por acciones arbitrarias de los efectivos militares en los operativos de detención de quienes fueron confinados.

Al gobierno le recomienda dar atención humanitaria a las víctimas de los hechos del 11 de septiembre y atención gratuita a los heridos, incluyendo la dotación de medicamentos y tratamiento sicosocial a niñas, niños y adolescentes que fueron testigos presenciales de la violencia y sus secuelas.

 
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