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Editorial

Dos años de déficit

Hoy hace dos años, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Felipe Calderón Hinojosa cubrió, entre empellones e impugnaciones, el formalismo legal para convertirse en presidente constitucional, mientras afuera del recinto la cólera de un tercio del electorado era contenida por tanquetas y efectivos armados hasta los dientes. La víspera, en Los Pinos, en una ceremonia virtual y hechiza, ajena al marco legal del país, y sin más público que las cámaras del duopolio televisivo, Vicente Fox, en presencia de su sucesor, entregó la banda presidencial a un cadete. Cerró, de esa manera, un gobierno de traiciones: traiciones a sus propias promesas, al mandato que recibió seis años antes, a la soberanía nacional, a la decencia republicana y a las esperanzas populares de bienestar, democracia, seguridad, equidad y legalidad. En los dos últimos años de su sexenio, y con particular énfasis a lo largo de ese 2006, Fox se erigió en uno de los principales factores de distorsión del proceso sucesorio: primero intentó heredar la silla presidencial a su cónyuge, y después, cuando los propios panistas frenaron ese desatino, usó el aparato del Estado para buscar la destrucción de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y para fortalecer a su correligionario Felipe Calderón.

Pero Fox no fue el único que desvirtuó la elección de 2006. Las cúpulas empresariales, los medios electrónicos, los entornos corporativos trasnacionales y las dirigencias sindicales charras –especialmente la del sindicato de maestros– intervinieron también en las campañas, en forma indebida, para denostar al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos y para impulsar la candidatura de Calderón. Por si algo hubiera hecho falta, el cómputo de los sufragios se realizó con un desaseo tal, que dio pie a sospechas generalizadas de fraude electoral y generó la exigencia opositora de un recuento de los votos, posibilidad que habría despejado las dudas y cimentado la legitimidad del presidente entrante, quien quiera que fuese. Pero el órgano jurisdiccional encargado de validar la elección, sin dejar de reconocer las irregularidades graves, dio por bueno el recuento que favorecía a Calderón y selló, de esa manera, el destino de su gobierno. El 30 de noviembre se advirtió, en este espacio, que si la presidencia foxista había terminado en una grave descomposición, “el calderonismo llega al poder también descompuesto”.

De entonces a la fecha, el país ha vivido una vasta simulación de gobierno que triunfa en el discurso y fracasa en los hechos. Calderón ofreció seguridad pública y combate frontal a la delincuencia, pero sus estrategias han hundido al país en una espiral de violencia criminal sin precedente; prometió generar empleos y cada mes decenas de miles de mexicanos se quedan sin trabajo; dijo que combatiría la corrupción, y en su administración han proliferado el tráfico de influencias, el amiguismo, las complicidades y la opacidad en el manejo de los recursos públicos; formuló el propósito de buscar el diálogo político, y lleva dos años encerrado en un monólogo que no sólo desconoce a los adversarios, sino que ignora la realidad misma del país; prometió defender la soberanía nacional, y ha porfiado en entregar, así sea en forma furtiva, la industria petrolera a las trasnacionales extranjeras; se comprometió a restablecer el estado de derecho, pero lo que se busca es la legalización de un estado policial en el cual se multiplican las violaciones a los derechos humanos; prometió pluralismo y tolerancia, y sin embargo el Ejecutivo federal ha persistido, ante sus opositores reales, en el golpeteo, la intriga, la cooptación subrepticia de voluntades y hasta la amenaza no demasiado velada.

En materia económica, el desempeño del gobierno federal se ha caracterizado por una exasperante indolencia, la cual ha colocado a los estratos más desfavorecidos de la población –los sectores mayoritarios– en la desprotección total ante la crisis mundial que se vive actualmente. El manejo económico oficial ha entregado un filón sustancial de las reservas nacionales de divisas a los intereses especuladores; las autoridades se preocupan por fortalecer a las corporaciones y se olvidan de los ciudadanos; el agro sobrevive a su propia postración y en las ciudades la miseria se mantiene estable y aún al alza. Para colmo, ante las evidencias de colapso del paradigma neoliberal, Calderón Hinojosa y sus colaboradores se mantienen aferrados a sus principales dogmas y rehúsan admitir que el libertinaje financiero y comercial es ya insostenible hasta en los países que lo impusieron al resto del mundo.

El deterioro institucional ocurrido en estos dos años es alarmante y ha llevado a ahondar la distancia entre el México oficial e institucional y las realidades políticas, económicas y sociales del país.

En tales circunstancias, es claro que el déficit de legitimidad con el que comenzó la administración calderonista no ha sido subsanado, y que la búsqueda gubernamental de resultados favorecedores en las encuestas no va a resolver la fractura política de fondo que recorre a la nación. A 24 meses de iniciado, el actual gobierno exhibe ya una erosión preocupante, un aislamiento creciente y una desarticulación interna inocultable. El desempeño del Ejecutivo federal ha dañado incluso al partido en el poder y los disensos se multiplican en el seno del grupo gobernante. Estas realidades son visibles en todo el país, menos, tal vez, en Los Pinos, y no hay a la vista, por lo tanto, un propósito de enmienda. El hecho es lamentable, porque nadie en su sano juicio desea el colapso gubernamental, pero las autoridades actúan como si ése fuera precisamente su propósito.

 
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