Usted está aquí: martes 2 de diciembre de 2008 Política Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única

■ Incluyen en predictamen que el Consejo Nacional de Seguridad Pública lo encabece el Presidente

Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única

■ Buscan que el jefe del Ejecutivo sea directamente responsable de las políticas en la materia

Enrique Méndez

Los bancadas de PRD y PRI en la Cámara de Diputados incluyeron ayer, en el proyecto de dictamen de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el cual determinará las políticas en la materia– sea presidido por el presidente de la República y ya no por el secretario de Gobernación. Además, ambas fracciones cerraron el paso a la creación de una policía única y, aseguró el perredista Juan Guerra Ochoa, el PAN ya lo aceptó.

Esto fue posible luego de que en el documento entregado ayer a los integrantes de la Comisión de Seguridad se separó la carrera policial de las fuerzas federales de apoyo, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de los policías ministeriales y de investigación científica, que estarán a cargo del Ministerio Público Federal.

Incluso, el panista Eduardo de la Torre aseguró que si la mitad de las policías no es confiable, como reconoció Felipe Calderón, “con sólo 50 por ciento de elementos aptos una policía nacional nacería muerta”.

Si bien los legisladores decidieron abrir una pausa en la discusión del proyecto, para reanudar la sesión la tarde de hoy debido a algunas inconsistencias en la redacción, prevaleció el criterio expuesto por perredistas y priístas de no concentrar el manejo de las políticas de seguridad en la figura de Genaro García Luna, titular de la SSP. “No vamos a aprobar una supersecretaría ni la figura de la policía única”, atajó Guerra.

Con ello, se decidió que Felipe Calderón sea el responsable del consejo, y que en sus ausencias sea suplido por el secretario de Gobernación.

Al modificar de manera sustancial la iniciativa presidencial, los legisladores pretenden hacer al Ejecutivo directamente responsable de las políticas de seguridad, ya que el consejo tendrá entre sus atribuciones “impulsar los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública”.

Dicho consejo también deberá emitir acuerdos y resoluciones necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; implementar políticas en materia de atención a víctimas del delito; asegurar la efectiva coordinación de las instancias que lo integran, y resolver sobre la entrega y cancelación de las transferencias federales a estados para gasto en seguridad.

Además, al presidir el consejo, será el Ejecutivo el que expida el reglamento del secretariado ejecutivo del sistema; nombre y remueva al titular de éste y a los de los centros nacionales de Información, Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como encargarse del proceso de certificación y acreditación, que en el proyecto original se asignaba al secretario de Seguridad Pública.

El proyecto señala que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que convergerán los titulares de las instituciones de procuración de justicia de la Federación, el Distrito Federal y los estados, será presidida por el procurador general de la República, mientras que el titular de la SSP tendrá a su cargo sólo la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

Los legisladores incluyeron un capítulo sobre los delitos contra el funcionamiento del sistema, específicamente para prevenir el tráfico de información de las políticas de seguridad, por lo que incluyeron reformas al Código Penal Federal para sancionar estos ilícitos.

La comisión sugirió sancionar con destitución, inhabilitación de tres a seis años, así como una multa de 500 a mil días de salario mínimo, a quien inscriba como integrante del sistema de seguridad a quien no haya pasado las pruebas de confianza.

Asimismo, imponer de 5 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de salario como multa a quien entre a la base de datos del sistema sin tener derecho, ingrese información errónea o pretenda dañar las bases de datos, copie, manipule o divulgue el contenido; o bien asigne un arma de fuego a personal que no haya pasado la prueba de confianza, u obstaculice la organización o funcionamiento de las instancias del sistema.

Regulan seguridad privada

Los legisladores también adicionaron la iniciativa con un capítulo sobre seguridad privada, para prever que “los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, establecimientos, bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización” de la SSP o de las instancias estatales.

Además, la legislación los consideraría “auxiliares” de la función de seguridad, y se plantea que “coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente”, federal, de los estados, el Distrito Federal o los municipios.

También se considera una reforma al artículo 250 bis del Código Penal Federal para tipificar el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de las instituciones de seguridad pública, con pena de prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa, así como de un año a seis de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien almacene, distribuya, posea o introduzca al país divisas militares o policiacas falsas; adquiera obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes militares o policiacos, y al que utilice uniformes, credenciales y divisas de tamaño similar o igual al reglamentario del Ejército y las policías.

 
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