Examen periódico universal
El Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es un nuevo proceso de análisis sobre el cumplimiento por un Estado parte de las obligaciones establecidas en los tratados de derechos humanos de la ONU. Se lleva a cabo durante tres horas en alguna de las sesiones del consejo por un grupo de trabajo integrado por 47 países miembros, en la que también pueden participar otros estados en calidad de observadores. Y se basa en los siguientes documentos enviados con antelación: Informe del Estado parte sujeto a examen; Compilación de la información contenida en los órganos y mecanismos de la ONU de los que el Estado es parte, preparada por la Oficina en Ginebra de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y resumen de la información creíble y fidedigna enviada por organismos nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, preparado por la OACNUDH en Ginebra.
Las preguntas al Estado examinado y la preparación del informe respectivo son facilitadas por un grupo de tres relatores (troika) seleccionados por sorteo entre los estados miembros del consejo, procedentes de diferentes grupos regionales y asistidos por la OACNUDH, quienes con anterioridad revisan los insumos entregados desde cada país, además de que encabezan el diálogo en el grupo de trabajo y proponen recomendaciones. Dicho informe contendrá al final un resumen de las actuaciones del proceso de examen; las conclusiones y/o recomendaciones que se consideren pertinentes, y los compromisos voluntarios del Estado examinado.
Como miembro del consejo, México ha participado en las dos primeras sesiones del grupo de trabajo del EPU, en las que se practicaron exámenes a los 32 primeros países, y le tocó ser parte de las troikas correspondientes para Ecuador y Tonga. Pero el próximo 10 de febrero le corresponderá a él someterse por primera vez al EPU en la cuarta sesión del grupo de trabajo del Consejo, para lo cual ya han sido elegidos como relatores Nicaragua, Pakistán y Sudáfrica. En días pasados trascendió que el gobierno de México ya había enviado su informe, y que lo mismo habían hecho meses antes por su lado numerosas organizaciones civiles a través de la OACNUDH en Ginebra.
Vale la pena subrayar que por lo menos en este documento internacional el gobierno reconoce que persisten rezagos y debilidades institucionales en materia de derechos humanos, que ciertamente preocupan a la sociedad, y que el reto principal ahora es hacer aplicables en el ámbito interno los instrumentos y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos donde se requiera, por medio de la adopción de políticas públicas y la armonización legislativa correspondiente. Y que añada que el país tiene por consiguiente el reto de armonizar su legislación para lograr la efectiva aplicación judicial de esos instrumentos.
Conviene también destacar que al hablar de los derechos civiles y políticos confiese que el sistema de justicia requiere urgentemente “depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración y administración de justicia, así como rehabilitación y reinserción social de los convictos”, y que afirma aún carecemos de una agenda integral de derechos humanos y seguridad pública. Es importante igualmente relevar su afirmación de que la participación del Ejército en labores de seguridad pública, vinculada al combate al crimen organizado, es temporal, y que una de las líneas de acción del Programa Nacional de Derechos Humanos, promovida, por cierto, y no sin dificultad por las organizaciones civiles, es impulsar en materia de procuración e impartición de justicia militar reformas acordes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y aunque uno de los objetivos principales del EPU es justamente el detectar los retos estructurales que enfrenta un Estado en el proceso de implementar las obligaciones internacionales consagradas en los instrumentos de protección a los derechos humanos que ha aprobado, es importante señalar que el informe oficial muchas veces no señala cómo se van a subsanar estas deficiencias, quiénes son los responsables, cuál es la obligación política y legal que va a asumir el gobierno federal y de qué manera va a evaluarse su cumplimiento.
Nos hemos dado en efecto a la tarea de contabilizar las veces que aparecen las palabras “reto” y “desafíos” en el informe del gobierno, y nos hemos encontrado que son 31, en un documento de 20 cuartillas y media. De éstas, en nuestra opinión, 15 corresponden claramente al gobierno federal; y 10, de cuya responsabilidad no pueden sustraerse el Estado ni el gobierno mexicanos, porque se trata de compromisos internacionales y de problemas de derechos humanos, son atribuciones de los gobiernos de los estados. Siete más son correctamente referidas a ambos niveles de gobierno. Nos ha llamado igualmente la atención que en el apartado de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales el informe use el lenguaje de derechos, y que incluso afirme que México “está plenamente comprometido con la igualdad de oportunidades y derechos”, lo que no se corresponde con el desarrollo posterior, que a nuestro parecer se limita a describir e incluso a encomiar los programas sociales que se llevan a cabo, muchos de ellos elaborados sin una perspectiva de derechos humanos.