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Javier Flores

La lucha contra el cáncer en la ciudad de México

La Secretaría de Salud del Distrito Federal dio inicio el primero de diciembrea una ambiciosa campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH). Este agente se adquiere principalmente por contacto sexual y es el origen de 70 por ciento de los casos de cáncer cérvico uterino. Así, la prevención adquiere gran importancia, pues si logra impedirse el desarrollo de la infección por VPH mediante la vacunación, se evitaría esta terrible enfermedad, que en 2005 produjo 250 mil muertes de mujeres en el mundo, cuyas víctimas, en 80 por ciento de los casos, se encuentran en las naciones en desarrollo.

La vacuna, surgida en 2006, tiene alta efectividad, casi de ciento por ciento, contra las variedades del virus que ocasionan este tipo de cáncer. Fue resultado de muchos años de trabajo científico, financiado al final por grandes laboratorios farmacéuticos, como Merck y Glaxo Smith Kline. Como es fácil suponer por sus orígenes, el principal efecto adverso de la vacuna es económico, ya que el Gardasil –nombre comercial de la vacuna producida por Merck– tiene un costo en el mercado de aproximadamente 600 dólares, lo que crea una paradoja, pues el mayor número de casos de cáncer ocurre en los países pobres, lo que convierte a la vacuna en inaccesible para la población de escasos recursos… a menos que los gobiernos se decidan a actuar, a pesar de los costos, y consideren prioritaria la salud de la población femenina.

Esto es lo que ha hecho el Gobierno del Distrito Federal, en mi opinión de manera correcta, para luchar contra la enfermedad que en 2007 causó la muerte a 322 mujeres en esta ciudad. La campaña de vacunación, con una inversión inicial de 100 millones de pesos, se orienta a la población femenina de entre 11 y 13 años y de bajos recursos económicos, pues es la que se encuentra al margen de la cobertura de los principales servicios de salud, como el IMSS o el ISSSTE.

Hay varios temas de reflexión que surgen alrededor de esta medida. El primero es esperar que esta decisión pudiera ser seguida por la Secretaría de Salud federal, al considerar que fuera de la ciudad de México se encuentran las comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano, en las que programas de esta naturaleza tendrían un impacto muy favorable en la salud. No es mi propósito en este artículo contraponer las políticas del Distrito Federal con las del gobierno federal, pero es inevitable preguntarnos cómo nos vamos a convertir en 2050 en la cuarta potencia del planeta, como afirma Felipe Calderón, si nuestras mujeres mueren de cáncer cérvico uterino y otras enfermedades prevenibles.

Por otra parte, debo a mi respetado amigo y colega en estas páginas, Luis Hernández Navarro, el señalamiento de que este tema no está exento de debate, como ocurre particularmente en España. Tiene razón, pues, en efecto, en esa nación el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó también la vacunación contra el VPH con cargo al erario, y algunos sectores pugnan por una moratoria por considerar que no están plenamente demostrados sus beneficios.

En estas expresiones sobresale un documento firmado por algunos especialistas, entre los que destaca Carlos Álvarez Dardet, profesor de la Universidad de Alicante y director del Journal of Epidemiology and Community Health, y otras personas dentro y fuera del campo médico. Los principales argumentos de este pronunciamiento se basan en la afirmación de que la prueba real de la eficacia de la vacuna aparecería, no ahora, sino mucho tiempo después de aplicarse las vacunas; porque el cáncer –agrego yo– se desarrolla en los 10 o 15 años posteriores al contagio con el virus. Cito una parte de este documento: “Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4 mil millones de euros. Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix, entonces, habrá costado al SNS 8 millones de euros”. Es evidente que son razones que tienen que ver más con el dinero que con la salud, pues no se puede poner un precio a salvar la vida de una mujer.

En contraste, hay variadas razones médicas y científicas para apoyar el uso de la vacuna: a) el VPH es la principal causa de cáncer cérvico uterino; b) la vacuna es efectiva contra la infección de este virus, lo que se ha demostrado en la experimentación animal y en pruebas clínicas en humanos (fases I a III), y c) dejar fuera a los sistemas públicos de salud equivale a poner la vacunación en el territorio exclusivo de la medicina privada, lo que deja sin protección a la mayoría de mujeres pobres. En conclusión, no hay razones médicas y científicas para esperar 30 años, con el consecuente costo en vidas humanas.

Una última reflexión: el gasto económico es alto, sí, pero la forma de reducir los costos en el futuro y eliminar la dependencia de las compañías farmacéuticas sería desarrollando nuestras capacidades científicas y tecnológicas para la creación y producción de nuestras propias vacunas. En este terreno no debemos perder más tiempo.

 
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