■ Fue presentado a la prensa como guerrillero abatido en combate
Acusa la procuraduría colombiana a ocho militares por la muerte de un campesino
Bogotá, 11 de diciembre. La Procuraduría General de Colombia elevó un pliego de cargos por los delitos de retención ilegal, tortura y homicidio a ocho militares acusados de la muerte de un campesino al que mostraron como guerrillero abatido en combate el 10 de enero de 2005, se informó hoy oficialmente.
Los cargos fueron presentados contra un oficial, dos suboficiales y cinco soldados, que mataron a John Barco, miembro de la junta de acción comunal de un sector del municipio de Algeciras, en el departamento de Huila.
Los militares se encontraban en la zona en acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando ocurrió el hecho.
Este caso puede tipificarse por normas internacionales como homicidio “en persona protegida”, pues la víctima era un civil que no pertenecía a grupo armado ilegal.
El gobierno colombiano ha destituido en las últimas semanas a 40 militares implicados en diversos casos, en los que jóvenes que han desaparecido misteriosamente son mostrados en remotas regiones del país como presuntos guerrilleros muertos en combate.
En tanto, el gobierno de Colombia, en un sorpresivo cambio de postura, solicitó al Congreso discutir en la actual legislatura un proyecto de referendo que autoriza la segunda relección del presidente Álvaro Uribe, en tanto que la Cámara baja accedió a debatirlo la próxima semana.
El ministro del Interior, Fabio Valencia, pidió al Legislativo analizar la iniciativa aprobada en primer debate a finales de noviembre y que abrió el paso a la relección de Uribe, pero a partir de 2014 y no de 2010, como buscaban los promotores del referendo.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó un ataque con explosivos de las FARC cometido el fin de semana contra una misión médica en el departamento de Caquetá, en que murieron dos personas, e instó al respeto del derecho internacional humanitario que “prohíbe claramente el ataque contra civiles”.