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Editorial

Derechos humanos y palabras vacías

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, admitió ayer la persistencia de la impunidad y la corrupción en la administración a su cargo, así como la “franca incapacidad” de las dependencias encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia para erradicar esas lacras. Reconoció que “el principal desafío que enfrentan los derechos humanos” se origina en el accionar de la delincuencia y en “la limitación de las instituciones de seguridad y justicia del país”.

Si en el sexenio de Vicente Fox los derechos humanos dieron tema abundante para discursos oficiales y negación persistente de los hechos, durante la mayor parte del tiempo transcurrido del actual gobierno el asunto ni siquiera ha estado presente en las palabras gubernamentales.

El poco aprecio calderonista por los derechos humanos no sólo se puso de manifiesto, desde un principio, en la omisión discursiva, sino también en la conformación del gabinete: se designó titular de Gobernación a Francisco Ramírez Acuña, quien como gobernador de Jalisco se negó a esclarecer los casos de tortura cometidos por policías de esa entidad en 2004; como procurador se escogió a Eduardo Medina Mora, quien era titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) cuando efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cometieron incontables abusos –incluidas violaciones– contra activistas y no activistas en San Salvador Atenco y en Oaxaca, y para remplazar a Medina Mora al frente de la SSP se nombró a Genaro García Luna, quien hasta entonces había dirigido la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuyos agentes se caracterizaron, a lo largo de su gestión, por los atropellos de toda índole contra los ciudadanos. A renglón seguido, en el contexto de los operativos policiaco-militares en la “guerra contra la delincuencia organizada” que declaró Calderón al día siguiente de su llegada al cargo, se perpetraron numerosos abusos de poder contra la población civil, y el propio encargado del Ejecutivo federal generó enérgicas reacciones de rechazo cuando, en el contexto de una investigación en curso, adujo que la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, cuya muerte se atribuyó a una agresión de soldados, había fallecido en realidad por una “gastritis mal atendida”.

En los dos años de la actual administración, por añadidura, las autoridades federales han criminalizado la protesta social, han continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables, se han abstenido de iniciar averiguaciones previas por los actos de barbarie represiva cometidos en sexenios anteriores y se han empeñado en brindar cobertura legal, institucional y fotográfica a los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y Oaxaca, Ulises Ruiz, persistentemente señalados por la opinión pública como violadores prominentes de los derechos humanos.

En suma, no es creíble la súbita preocupación discursiva que ahora exhibe Calderón en torno a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, máxime si cuando la formula se hace acompañar por Medina Mora y García Luna, sobre quienes pesan señalamientos constantes, entre otras cosas, por su desempeño represivo como jefes policiales en el sexenio anterior. La congruencia elemental indicaría que, si se tratase de hacer plenamente vigentes las garantías individuales y los derechos básicos, combatir la impunidad y dar sustancia a palabras como las externadas ayer en la residencia oficial de Los Pinos, habría que empezar por esclarecer tales señalamientos del pasado reciente, y aun del presente, que pesan sobre ésos y muchos otros funcionarios del actual gobierno.

Así pues, como ocurrió en días pasados con el tema de la corrupción, el de los derechos humanos pareciera ser ahora una bandera de oportunidad, un fraseo meramente orientado a la utilidad mediática y, por ende, desprovisto de contenido.

 
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