Testimonios LAS NOVIAS ROBADAS En la zona tlapaneca y mixteca de Guerrero aún se acostumbra “comprar” a la novia luego de un acuerdo de suegros independiente del consentimiento de los prometidos; no en todos los casos es igual: en la zona purépecha de Michoacán y entre los náhuas de Veracruz, “robar a la novia” ya es sólo un rito que formaliza una decisión de la pareja; en varios casos, cuando se roba a la novia, ésta ya va preñada. Así lo indica un diálogo que sostuve con un grupo de purépechas: – ¿Usted fue novia robada? Pregunto a Barbarita Cacari, partera de 78 años. FOTO: Eunice Adonorno –¡Sí! – contesta – me robaron como a los 13. –Yo también fui robada –dice otra mujer joven. –Y yo –tercia una más. –¿Usted también?, pregunto. –Sí, yo también. –¿Y usted?, cuestiono a una cuarta –Ah, a mí me robaron a los 15. –¿Alguna de ustedes no fue robada?, pregunto. –No –contesta una más –, a mí también me robaron. Es que por aquí hay muchos ladrones. Y todas se ríen divertidas. –¿Ustedes se opusieron al rapto?, pregunto. –No, que va –dice Barbarita, mirando a las jóvenes. Ya no es como antes. Ahora las muchachas ya casi se roban a los hombres. –Los novios se ponen de acuerdo –interviene una mujer. –¿Y cuánto tiempo después del rapto tuvieron a su primer hijo? –¡Luego luego! –dicen varias jocosamente– Si eso es lo primero. –Ay –se ríe otra–. ¿Para qué nos hacemos tontas?, casi todas nos casamos embarazadas. –A mí me robaron a m’hija hace dos años, ahora ya tengo nieto. Primero me la fueron a pedir pero ella tenía 12 años y yo le dije al muchacho que no, que estaba muy chica. –Pero me la van a ganar, me voy a ir al “otro lado” y me la van a ganar –dijo él. –No, yo te la guardo –le dije. –¿De veras me la va a guardar? –Sí te la guardo, vete sin cuidado. Vino como a los dos años, ya traía coche y m’hija tenía 14. Se la robó en la feria. Yo estaba viendo la rueda de la fortuna cuando me avisaron que se la habían robado, yo corrí, pero luego luego llegaron los papás de él con una botella de charanda. Allí en la feria empezamos a tomar. Cuando volví a la casa y vi su cuarto vacío y oscuro sentí refeo. Ya no está m’hija pensé, y me puse a llorar (Taller de Michoacán). En la mixteca guerrerense las cosas son de otro modo: Cuando yo andaba, antes chiquita, mi suegro estaba a mi lado viendo cómo ando. Y como rápido, estoy lavando el traste, rápido estoy moliendo, rápido hago la comida. Por eso dice: “Aquella mujer bien rápida le hace la comida, a lo mejor la vamos a comprar, a lo mejor la vamos a pedir”. Na’más cumplí 13 años, luego vino mi suegro a pedir con mi papá, con mi mamá: “Yo no quiero robar con tu hija, yo tengo gusto de casar mi hijo con tu hija. Pues vamos a estar compadres”. Yo no quería casarlo pues, nomás que mi mamá me hizo fuerza... Porque yo no quería acostar con mi esposo, luego me estaba pegando mi mamá. Ahorita siempre se estaba acordando mi esposo: “Tienes que pagar todo lo que tú me hiciste, porque no querías casar, no querías junto con nosotros”, dice. TOMADO DE“DOSCIENTAS TRECE VOCES CONTRA LA MUERTE”, GISELA ESPINOSA DAMIÁN, EN LA MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO. CUATRO VISIONES CRÍTICAS, 2004)

Feminización del Presupuesto

• Mujeres, beneficiarias de 42.4% de programas rurales
• Mayor enfoque desde Sedesol y SRA; escaso desde Sagarpa

Héctor M. Robles Berlanga

La participación de la mujer en las actividades económicas rurales y en especial como propietaria de tierras y trabajadora rural es un fenómeno relativamente nuevo y poco estudiado. Si revisamos la información generada en los años recientes sobre la presencia de la mujer en el campo, nos encontraremos con una nueva realidad, muy distinta a la que prevalecía antes de los años 80s. Este nuevo escenario nos obliga a pensar y actuar de manera diferente si en verdad queremos dar respuesta a las necesidades e inquietudes de la población rural. Debemos de reconocer que el campo mexicano ya no es más un campo de hombres y que los recursos públicos se están feminizando.

Equidad esperada. En el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se estableció que el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por medio de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la administración pública federal. Este planteamiento fue producto del esfuerzo de muchas mujeres: legisladoras, organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres e investigadoras de los temas de género que han insistido que las políticas públicas tengan un enfoque de género.

Por primera vez en 2008, en el Anexo 9A denominado “Presupuesto para mujeres y la igualdad de género”, se desglosaron los recursos que se destinarían a ellas. En el 2008, el monto total aprobado fue de ocho mil 981.6 millones de pesos e involucra a 22 entidades gubernamentales, donde destacan las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Salud, Hacienda y Crédito Público, Reforma Agraria (SRA) y Economía (Secon). En conjunto son unos 65 programas o instituciones.

Programas especiales para ellas. Para darnos una idea de la feminización de presupuesto destinado al sector rural, permítanme dar unos datos: en los años recientes se crearon programas que apoyan las actividades productivas de las mujeres: en la Secon, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR); en la SRA, el Programa de la Mujer del Sector Agrario (Promusag), y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).

Al analizar el ejercicio presupuestario 2007 de los principales programas de subsidios destinados al sector rural, encontramos que en términos relativos la Secon destinó 87.2 por ciento de sus recursos a mujeres; la SRA, 75.8; el Programa de Vivienda Rural (Fonhapo), 54.3; la Secretaría de Turismo (Sectur), 51.8; la Sedesol, 51.6; Diconsa, 51.4; la CDI, 50.6; la Financiera Rural (Finrural), 31.3; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 29.3; Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 26.3; Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), 21.8; la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 16.2 por ciento, y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), 12.1 por ciento.

Si el análisis lo realizamos por número de beneficiarias de los 63 programas revisados, encontramos que en total se apoyó a 18.7 millones de mujeres. Sobresalen los siguientes programas: Oportunidades, 12.1 millones de beneficiarias; Unidades de Promoción de la Financiera Rural, 1.8 millones; Micro-regiones, 1.3 millones; Programa Integral (Finrural), 790 mil; Atención a Adultos Mayores, 516 mil; Procampo Tradicional, 503 mil, e Infraestructura Básica a Indígenas, 430 mil. Por el contrario, programas como el de Servicios Ambientales, Equipamiento e Infraestructura de la Conafor, e Investigación y Transferencia Tecnológica, Acuacultura y Pesca, Fortalecimiento de Sistemas Producto, Fortalecimiento de los Sistemas Productos Pecuarios y Salud Animal, de la Sagarpa, prácticamente no benefician a mujeres.

En términos relativos, las mujeres representan el 42.4 por ciento de los beneficiarios totales. Los programas que destinan la totalidad o mayor parte de sus recursos a mujeres son: Promusag, FOMMUR y POPMI (los tres al cien por ciento); Programa de Apoyo Alimentario (75.7 por ciento) Fondo Nacional de Población (54.3), Vivienda Rural (54.3), Promoción de Convenios en Materia de Justicia (53.3), Micro-regiones (52.2), Fondo de Apoyos a Proyectos Productivos Agrarios y Programa de Ecoturismo y Turismo Rural (51.9), Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (51.8), Oportunidades (51.6), Fondos Regionales Indígenas (51.3), Programa de Infraestructura Básica a Indígenas (51.3) y Atención a Adultos Mayores (50.1 por ciento).

Buenas administradoras. La entrega de recursos de apoyo productivo o de asistencia social a las mujeres era impensable hace diez o 15 años. Se les empezaron a entregar porque las mujeres administran mejor los recursos públicos, los aplican conforme al proyecto solicitado y por lo general cumplen con sus compromisos. Las dificultades económicas por las que atraviesa el sector rural conllevan la necesidad de que las mujeres titulares asuman nuevas responsabilidades. No sólo se incorporaron a tareas que se consideraban propias de su género como las artesanías, ahora participan en actividades económicas muy diversas.

Investigador del CEDRSSA de la Cámara de Diputados [email protected]

Los programas alimentarios

Gabriela Rangel Faz y Elsa A. Pérez Paredes

Según evaluaciones impulsadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2007 se atendieron a tres millones 805 mil mujeres rurales –todas ellas madres del familia– y se convirtieron así en una “vía” de la política social de combate a la pobreza, y especialmente en un medio fundamental para el desarrollo de programas alimentarios conocidos como “de transferencia en efectivo”. Familias en pobreza rural y hogares atendidos por programas alimentarios de transferencia en efectivo

Vacíos en el enfoque. Los programas sociales de Oportunidades (diseñado como Progresa en 1997), Programa de Apoyo Alimentario (PAL, desde 2003) y Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (PAAZAP desde 2008), basan su operación e instrumentalización en las mujeres, presumiendo de incorporarlas en las políticas públicas rurales; sin evidenciar: a) la propuesta de visualizarlas como sujetas sociales; b) la importancia e implicaciones que tienen sus roles productivos y reproductivos en el desarrollo local, y c) las estrategias existentes para cambiar su calidad de vida individual, independientemente del ámbito familiar.

A pesar de que pudiera ser obvio el papel de las mujeres en los programas alimentarios y que en el discurso oficial se plantea como fundamental, hemos identificado una contradicción entre discurso, presupuestación y evaluación de beneficios. Por un lado, el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 señala que todos los programas de la administración pública federal deberán tener perspectiva de género; sin embargo, sólo un conjunto de programas incluidos en el anexo 9ª, “Presupuesto para mujeres e igualdad de género del PEF”, tendrán un seguimiento “en materia de mujeres e igualdad de género”. Los programas alimentarios no son considerados dentro de este anexo, cuyo monto total es de ocho mil 981.6 millones de pesos. Al mismo tiempo, Oportunidades contará el próximo año con 43 mil 580 millones de pesos, que representan casi cinco veces el total del monto de los programas para mujeres mencionados en el mismo anexo.

Con esto queremos dimensionar y plantear, desde una postura crítica, preguntas que han formulado y han argumentado desde hace años la academia; organizaciones sociales, campesinas y feministas, y redes de mujeres rurales e indígenas.

Muchas preguntas. Aun cuando ya contamos con el CONEVAL y con un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, hasta el momento no se ha logrado que, con una revisión profunda y crítica, contestemos desde la acción las incógnitas que aún tienen las políticas sociales dirigidas a las mujeres rurales.

¿Por qué se da seguimiento a la perspectiva de género de programas que tienen cinco veces menos presupuesto que un programa en el que ellas son sólo intermediarias, operadoras y a menudo incluso “responsables” de los beneficios que éste genera en las familias?

¿Qué hacer para que las y los tomadores de decisiones posean visiones integrales, con perspectiva de género y que incluyan los aspectos estratégicos de las mujeres del campo?

¿Cómo transitamos de programas diseñados y dirigidos a mujeres a programas con enfoque de género?

¿Qué ruta debemos seguir para poseer políticas de desarrollo rural en donde las mujeres sean protagonistas y sujetos sociales?

¿Qué hacer para que las políticas sociales incluyan a las mujeres del campo que no son madres y que no sólo se dirijan a acciones para la educación, salud y alimentación?

Parece que el camino es largo y lo que no es muy alentador es que han predominado los oídos sordos y ha faltado la humildad para corregir lo que no ha funcionado. Esperemos que el quehacer público tenga una mayor responsabilidad de lo que su carácter público significa para la vida de las mujeres campesinas.