Usted está aquí: sábado 13 de diciembre de 2008 Estados Denuncian desaparición de seis comerciantes en Tecomán, Colima

■ El 27 de noviembre salieron a vender videocámaras y no los han vuelto a ver, dicen familiares

Denuncian desaparición de seis comerciantes en Tecomán, Colima

■ Piden intervención del gobierno federal; la PGR local les dice que no hay delito que perseguir

Verónica González Cárdenas (Corresponsal)

Ampliar la imagen En imágenes de archivo, Lorenzo Guadalupe Rosas Dávalos, de 28 años de edad, y Jorge Carrillo Ramos, de 36, quienes desaparecieron en el municipio de Tecomán, Colima, el 27 de noviembre pasado, cuando salieron a vender videocámaras. Las investigaciones sobre su paradero aún no han dado resultados y sus familiares aseguraron que viven un calvario En imágenes de archivo, Lorenzo Guadalupe Rosas Dávalos, de 28 años de edad, y Jorge Carrillo Ramos, de 36, quienes desaparecieron en el municipio de Tecomán, Colima, el 27 de noviembre pasado, cuando salieron a vender videocámaras. Las investigaciones sobre su paradero aún no han dado resultados y sus familiares aseguraron que viven un calvario Foto: Fotos La Jornada

Colima, Col., 12 de diciembre. “Todos los días desaparece mucha gente”, fue la respuesta que recibieron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad los familiares de seis comerciantes que desaparecieron el 27 de noviembre pasado.

Ese día, Jorge Carrillo Ramos, de 36 años; Carlos Ramón Castañeda Dávalos, de 35; Lorenzo Guadalupe Rosas Dávalos, de 28; Mario Alberto Carrillo Moreno, de 23, y Héctor Manuel Carmona Rivas, salieron de Tecomán para vender videocámaras en municipios cercanos. Nadie volvió a saber de ellos.

Ese mismo día, cerca de las 7:40 de la tarde, el patrón de los vendedores, José Luis Monjarro Carrillo, “fue levantado afuera de su residencia en Tecomán por cuatro hombres fornidos que parecían guaruras e iban armados, al parecer en un Sentra rojo”, relató a La Jornada Olga Carmona, hermana de uno de los desaparecidos.

De junio de 2001 a septiembre de 2008, al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas en esta entidad, entre ellas productores agropecuarios, comerciantes, agentes federales y hasta un militar. Los más recientes fueron los seis comerciantes del municipio de Tecomán, según denunciaron sus familiares; sin embargo, al menos habría tres casos más que no han trascendido a la opinión pública por el miedo de la gente a que las bandas delincuenciales operen con protección policiaca.

Las semanas transcurridas han sido un calvario para Olga Carmona y los familiares del resto de los desaparecidos.

El 28 de noviembre interpusieron su denuncia en la agencia del Ministerio Público de Tecomán, y les dijeron que iban a investigar pero todavía no hay nada. Luego viajaron a la capital del estado para notificar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero casi los corrieron diciéndoles que “desaparecer” no es delito federal. Y además “todos los días desaparece mucha gente”.

El lunes 8 de diciembre se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo y los recibió el secretario general de Gobierno, Héctor Michel Camarena, quien les dijo que las autoridades co- limenses harían el mayor esfuerzo y pedirían ayuda incluso en otros estados para localizar a sus familiares.

Unos días después de las desapariciones de Héctor Manuel Carmona, su esposa recibió varios telefonemas amenazantes donde voces anónimas exigían que le “apuren al asunto” porque de lo contrario matarían a los rehenes. Carmona cree que levantaron al patrón de su hermano para extorsionar a la familia y que agentes federales podrían estar involucrados y al parecer la esposa “del patrón” ha recibido llamadas telefónicas anónimas en las que le solicitan dinero.

“Los familiares de los trabajadores no hemos tenido ningún contacto con la señora”, dice.

A ellos directamente, apunta, no les han pedido dinero aunque aquello de que “apuren el asunto”, les suena a que están usando a los empleados para que presionen a la familia del dueño del negocio de videocámaras.

Después del trato que han recibido, dice que los familiares no confían en las autoridades estatales ni en la delegación de la PGR; temen que conozcan a las bandas de secuestradores pero las protejan, y por ello piden al presidente Felipe Calderón que intervenga para que se aclaren las desapariciones.

Asegura Olga: “Tengo miedo porque mi vida corre peligro, pero voy a seguir buscando a mi hermano hasta que lo encuentre, y voy a seguir manifestándome aunque se me vaya la vida...”

Refirió que durante las investigaciones de ella y sus hermanos sobre el paradero de Héctor Manuel, supieron de otros levantones en Tecomán que no se publicitan por temor a que las víctimas pierdan la vida.

En contraste, el gobernador Silverio Cavazos Ceballos afirma que según la Encuesta Nacional de Seguridad, Colima ocupa el primer lugar nacional en seguridad pública, lo que ratifica que “su población se siente la más segura de todo México”. Y sobre sus paisanos desaparecidos de Tecomán, expresó que según denuncia la esposa de Monjarro, “hay presunción de que agentes federales estarían involucrados.

“Al menos eso es lo que se dice; aunque mucha gente se ostenta como integrante de nuestras corporaciones policiacas, y quizá estemos ante una circunstancia de esa naturaleza, lo cual tendrá que aclarar la PGR. Pero dentro de la propia indagatoria, si se desprende la comisión de delitos del fuero común el estado seguirá haciendo sus investigaciones”, asegura el mandatario estatal.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Tecomán, Antonio Priego Huerta, consideró preocupante lo que sucede en el municipio: “Muchas personas dicen que son casos aislados, pero yo creo que no. Sí hay secuestros, no sólo aquí o en el estado sino en todo el país, y quien diga que en Colima no hay delincuencia no está viviendo su realidad o encubre a un grupo político para que no se desprestigie ni se desdiga que combate con eficiencia la delincuencia organizada”.

Apenas la semana pasada, el gobierno colimense ofreció a los empresarios paquetes de seguridad para protegerse a un costo aproximado de 300 mil pesos, que incluyen una cámara de video, un botón móvil de emergencia y radios conectados a las corporaciones policiacas, además de capacitación a guardias privados.

El paquete de seguridad “oficial” se ofreció dos semanas antes de que comiencen a funcionar 52 videocámaras que el gobierno instaló en las avenidas más transitadas y conflictivas de los 10 municipios colimenses, y de que los empresarios locales denunciaran públicamente que son víctimas de extorsiones telefónicas en las que los delincuentes exigen miles de pesos para no consumar los plagios.

 
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