■ “Se pretende modificar el esquema de justicia; pugnar por un sistema acusatorio, no inquisitorio”
Propone reforma penal del PRI que un procesado enfrente juicio en libertad
La iniciativa de reforma al Código Procesal Penal Federal presentada por la fracción del PRI en la Cámara de Diputados pretende modificar el esquema de justicia en México y pugnar por un sistema acusatorio y no inquisitorio, como el que rige. En la actualidad, bajo esta lógica se ha favorecido la saturación en las cárceles, pues 42 por ciento de la población aún no ha sido sentenciada, lo cual contribuye a la sobrepoblación de las cárceles.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Justicia de ese órgano, César Camacho Quiroz, quien destacó que en la actualidad el Ministerio Público parte de un esquema en el que el acusado debe probar su inocencia, en muchas de las ocasiones ya en prisión. En el esquema acusatorio que pretende impulsar el tricolor, el procesado podría enfrentar el juicio en libertad e ir a la cárcel una vez que haya sido probada su responsabilidad.
Camacho Quiroz precisó que evidentemente habrá delitos tipificados como graves –trata de personas, contra la salud, violación, homicidio doloso, entre otros– donde no procedería enfrentar el juicio en libertad. No obstante, según el priísta, esto permitiría mejorar la situación compleja que vive el sistema penitenciario en México. Descartó que esto signifique que se vaya a favorecer la impunidad.
El legislador explicó que la pretensión del PRI es que haya una modificación sustancial en el sistema procesal, dado que la propuesta contempla la modificación de 500 artículos. Subrayó que en términos generales se pretende cambiar el papel del juez y del Ministerio Público en el proceso, dado que en la actualidad gran parte de las actuaciones las realiza el MP, y el juzgador en gran medida sólo repite o corrobora las acciones emprendidas previamente.
Mayor importancia para el juez
Bajo el nuevo sistema acusatorio, el juez cobraría mayor importancia, pues ante esa instancia el Ministerio Público tendría que acreditar plenamente las pruebas que sustentan las imputaciones contra el acusado.
Incluso, se plantea la posibilidad de que en aquellos casos en donde se compruebe que el Ministerio Público fabricó pruebas o acusó en falso, se puedan fincar responsabilidades y, al mismo tiempo, indemnizar a quien fue acusado sin razón.
Paralelamente se pretende que, de prosperar la reforma, el juez tenga que estar presente en todas las diligencias que se lleven a cabo, bajo la consigna de que, en caso contrario, habría nulidad de todo lo actuado, explicó el diputado. Lo anterior, en razón de que algunas encuestas realizadas sobre los procesos penales dan cuenta de que alrededor de 82 por ciento de los procesados nunca ven al juez en todo el juicio.
Camacho Quiroz comentó que la ausencia física del juez en las diligencias necesariamente tiene un impacto, porque no existe el contacto personal que puede tener incidencia en las decisiones. Lo que hay, dijo, es una extensa lectura de los expedientes, a partir de la cual los jueces determinan la pena o la absolución, en su caso.
Otra propuesta es la creación de un juez de control de garantías, que fungiría como garante del respeto a los derechos de los procesados, pero al mismo tiempo podría auxiliar al juez para la expedición, por ejemplo, de las órdenes de cateo al confirmar la legalidad de la petición. Esto puede favorecer, dijo, que dichas órdenes se puedan emitir con mayor oportunidad y, por ende, tener mas posibilidades de éxito en estas diligencias.
Finalmente mencionó que la reforma planteada involucra también la opción de instrumentar “mecanismos alternativos de solución de conflictos”, lo que significaría la posibilidad de que, bajo la vigilancia de un juez, ambas partes pudiera alcanzar arreglos en cuanto a la reparación del daño.
Esto no supondría la cancelación de la sanción penal pero, una vez que se ha podido saldar el daño económico, podría atenuar sustancialmente la pena, concluyó.